Son tiempos difíciles. Salvo para los profetas del apocalipsis y los seguidores de Asimov, esta situación no era imaginable hace pocos meses. En enero sí lo era, pero los responsables políticos decidieron mirar para otro lado, envolverse en la bandera ciega de la soberbia y desafiar a un virus indómito que no conoce fronteras, ni terrestres ni ideológicas.
Y estamos aquí, con decenas de miles de contagiados, con fallecidos incontables, y con Boris Johnson todavía buscando la inmunidad vírica. El COVID-19 nos dará mucho que hablar durante años desde variadas perspectivas, pero yo voy a empezar con la que más preocupa para el futuro, el liberticidio en nombre del bien común.
Las libertades individuales son intrínsecas al ser humano, y su garantía, razón de la existencia del estado de Derecho. La libertad deambulatoria, la libertad de pensamiento, o el secreto de nuestras comunicaciones, por poner algunos ejemplos, son derechos inalienables que exijen de su defensa activa por los poderes públicos, al margen de cualquier otra consideración. Y son las primeras libertades que en cualquier régimen totalitario que se precie, son coartados y eliminados.
Pues en estos tiempos difíciles, los liberticidas que enarbolan la bandera del bien común han encontrado el mejor campo de pruebas para limitar impunemente nuestras libertades individuales y garantías constitucionales. Estaremos de acuerdo en que tenemos un crisis sanitaria mundial que exige –hace meses- medidas inmediatas que han sido repetidamente negadas e incluso ridiculizadas -¡ay Lorenzo!-. Pero el retraso en la adopción de medidas profilácticas no ha lastrado la celeridad en las amenazas a nuestras libertades. No hay día que no escuche alguna propuesta innovadora que me ponga el vello de punta, y que, como el buen café, desprenda ese aroma evocador de revoluciones pendientes.
Solo en las últimas cuarenta ocho horas hemos oído como se pretende el confinamiento forzoso en gulags de personas asintomáticas sin intervención judicial; el manejo anonimizado de nuestras ubicaciones para saber de nuestros desplazamientos; un app obligatoria que nos geolocalice, es decir que reporte nuestra ubicación en tiempo real; reformas para evitar la propagación de los bulos que considere el Gobierno de turno, por quienes atacaban la ley mordaza; permisos retribuidos forzosos y prohibición de despidos; requisas a empresas, que luego se reconocen como exceso de celo; o amenazas de nacionalizaciones. Las restricciones a las libertades tienden a perpetuarse. Y mientras, la Administración no deja de engordar, como los españoles en confinamiento, a costa de impuestos sobre ingresos ficticios.
Montesquieu murió hace muchos años. Si hoy levantara la cabeza vería un poder ejecutivo hegemónico, sin jueces ni parlamentos. Los diputados han huido del escaño por el virus porque no se consideran a si mismos esenciales. En materia de Justicia, la situación es sangrante. A las medidas que adopta el Gobierno que excluyen el control judicial, amparadas por un estado de alarma con alma de estado de excepción, se suma la propia deriva de los jueces. El propio Consejo General del Poder Judicial está estudiando una propuesta para desincentivar litigaciones sin fundamento, al margen del mecanismo de las costas procesales, para desatascar la Justicia. Las barreras de acceso a la tutela judicial es un ataque directo al estado de derecho.
En Turkmenistán, el líder autoritario conocido por el Protector, ha prohibido hablar del coronavirus para tener cero contagios. En España ya solo nos falta prohibir la enfermedad por decreto-ley. Lo de China no lo vimos venir, y el liberticidio que nos rodea ahora, tampoco.
Dominique F.