El CGPJ, órgano constitucional, de Gobierno de los jueces y magistrados, tiene la función de ser el poder superior administrativo regulador de la Carrera Judicial, en prácticamente todos sus aspectos, salvo el de la fijación de salarios y retribuciones, que corresponde al Ministerio de Justicia.
Entre sus competencias, se encuentran, convocar oposiciones y demás pruebas de acceso a la judicatura, concursos de traslado, inspección y potestad sancionadora en su caso de jueces y magistrados. Pero hay algo más, políticamente muy importante, que es la potestad que tiene de designar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, de los 12 que lo componen y el de designar libremente, a, los más altos cargos judiciales, como son los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales de Justicia Autonómicos y a los del Tribunal Supremo. Osea designar a quienes van a juzga, a diversos grupos de aforados como los diputados y senadores, o miembros del Gobierno. De aquí el enorme interés de los partidos políticos, para controlar e influir en quienes van a decidir, sobre la libertad, economía o inhabilitación política, de los aforados ,si delinquen , realidad extendida por toda la geografía española .
La corrupción de muchos políticos de todos los colores y ámbitos territoriales es un hecho público y notorio, con varios casos ya de condenados por diversos delitos como cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos etc, airados por los medios de comunicación, con mayor o menor objetividad, según quién sea el político de derecha, izquierda o nacionalista y cual sea el medio y su afinidad política. Hay que añadir a eso la importante función judicial de control de la actividad de la Administración Pública, osea del poder.
Por ello, todos los partidos políticos desde la Transición, sea cual sea su signo, han intentado ese control mediante, cuotas de reparto en esos nombramientos, en proporción a su fuerza parlamentaria.
Siempre ha habido acuerdo entre los grandes partidos, para alcanzar la mayoría constitucional o legal requerida.
¿Qué ocurre ahora que lleva 2 años sin lograrse? Que el PP lleva bloqueando, el acuerdo, por vetar la presencia de Podemos en el acuerdo, a lo que el PSOE y su socio de Gobierno, han reaccionado, con él, intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y rebajar la mayoría requerida para poder prescindir del PP, algo contra lo que ha reaccionado enérgicamente la Unión Europea, por considerarla un atentado a la independencia judicial.
Ante esta situación de bloqueo de la renovación del CGPJ es preciso decir.
Uno, que es absurdo, que un partido el PP, vete a otro, osea a Podemos, que es un partido legal y máxime cuando forma parte del Gobierno.
Dos, que no se puede reaccionar desde los partidos gubernamentales, con una ley para desbloquear, que pone más en peligro, la siempre difícil y solo relativa independencia del CGPJ.
Tres ,que dialoguen y repartan proporcionalmente los nombramientos de los jueces consejeros del CGPJ, mientras no se cambie la ley de acuerdo con los criterios de independencia de la UE .No hay otra opción , pues ,la renovación del CGPJ es apremiante y necesaria .No hacerlo un lamentable espectáculo político que denigra más ,la imagen de independencia del Poder Judicial y lo que es peor ,que muestra el asedio de los políticos, a la Justicia .Hace falta un mínimo de racionalidad y flexibilidad negociadora .
Bruselas, osea la Unión Europea, vigila no lo olviden unos y otros.
Manuel Álvarez de Mon Soto.
Exmagistrado y exfiscal. Letrado del Colegio de Abogados de Madrid.
Manuel Álvarez De Mon Soto