La banda terrorista ETA vuelve a estar en los telediarios y en las primeras páginas de los periódicos. Afortunadamente, el motivo no son nuevos asesinatos. Ya fueron bastantes los más de 800 crímenes cometidos por sus terroristas. La organización ha regresado a las portadas como consecuencia de la actuación de una pequeña asociación de víctimas especializada en luchar en los tribunales contra la impunidad de los asesinos y liderada por Daniel Portero, hijo del que fuera fiscal jefe de Andalucía acribillado a tiros por dos pistoleros en 2000 en la puerta de su domicilio en Granada, Luis Portero.
Dignidad y Justicia, que junto a la Fiscalía fue clave para condenar a decenas de terroristas y organizaciones satélite, ha completado un reciente trabajo de investigación que ha concluido que existen 379 crímenes de la banda que aún siguen impunes. La elevada cifra representa el 44% del total de asesinatos cometidos por ETA en toda su historia, lo que para una democracia, como ha reconocido el Parlamento Europeo, supone un porcentaje sonrojante.
La determinación del número en sí ya de por sí es valiosa, pues por primera vez alguien cuantifica con base científica (utilizando el criterio técnico del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas) y pone nombre y apellidos a estas personas, cuyas familias sufren hoy el fracaso del estado de derecho. Sin embargo, no sirve solo para poner colorados a dirigentes políticos, legisladores, responsables institucionales o investigadores.
Dignidad y Justicia pretende convertir este número en el leitmotiv de una novedosa estrategia judicial que ofrece una solución judicial (posiblemente la única a estas alturas) a esta tara democrática que representan casi 400 asesinatos sin resolver. Detrás de la ideación del plan jurídico, se encuentra el abogado especializado en derechos humanos Miguel Ángel Rodríguez Arias, ya conocido por su pelea en los casos de los niños robados o de los crímenes del franquismo.
El letrado, formado en Alemania e Italia, ha planteado algo que hasta el momento no se había puesto sobre la mesa de los juzgados de la Audiencia Nacional. Se trata de la posibilidad de actuar judicialmente no tanto contra quienes apretaron el gatillo como contra aquellos que ostentaron la responsabilidad en el mando cuando se produjo el asesinato, los que ordenaron el crimen, los jefes que utilizaron a los asesinos como peones de ajedrez perfectamente sustituibles, los mismos que pudieron haber evitado el atentado por la posición que lucían y que, sin embargo, decidieron seguir adelante.
A través de esta nueva estrategia, que aterriza conceptualmente en el Código Penal en la figura denominada autoría mediata por dominio y comisión de omisión, Rodríguez Arias ha logrado la reapertura de media docena de procedimientos que estaban ya cerrados bien porque fueron archivados en falso por no encontrarse autor, bien porque el tribunal dictó una sentencia condenatoria solo contra quienes ejecutaron personalmente el asesinato. Los casos Miguel Ángel Blanco, Querol Lombardero, T4 de Barajas, Santa Pola, Ondarroa y Sangüesa vuelven por lo tanto a ser investigados, aunque ahora desde esta perspectiva distinta, la que persigue a los jefes de la banda precisamente por su condición de máximos responsables y no tanto de autores materiales.
Los asuntos nombrados no son, sin embargo, los únicos que pretende reabrir Dignidad y Justicia, que trabaja en otros procedimientos cerrados con el objetivo de que las cuatro decenas de dirigentes que la organización terrorista ha tenido en su historia sean investigadas. Dicho de otro modo, que no haya un solo jefe de ETA que logre esquivar esta ofensiva judicial. La asociación entiende que es una forma de resarcir a los cientos de víctimas que han tenido que sufrir en silencio la impunidad de esos 379 asesinatos sin resolver.
La novedosa línea de actuación, sin embargo, debe ser completada por dos estrategias que la complementan. El equipo liderado por Portero, por una parte, sigue trabajando en que los tribunales reconozcan que los asesinatos de ETA fueron crímenes de lesa humanidad. El Parlamento Europeo, en una resolución histórica, recomendó la semana pasada que las autoridades españolas investigaran por esta vía los mencionados atentados que permanecen en la impunidad. Así lo considera Rodríguez Arias, que ha dejado claro estos días en diversas entrevistas que la diáspora que sufrieron miles de personas en el País Vasco fue provocada por un terror genocida.
De momento, la Audiencia Nacional mantiene procesados desde octubre de 2015 -tras una querella de la asociación de Portero- a cuatro jefes de la banda, entre ellos el histórico José Antonio Urruticoechea, alias ‘Jose Ternera’, por crímenes contra la humanidad. Se trata de los que ostentaron el máximo mando criminal desde 2004, momento en el que esta figura se incorporó al ordenamiento español, hasta la disolución de ETA. Pero Dignidad y Justicia no quiere limitarse a este corto periodo de tiempo, pues considera que el delito debe ser reconocido desde el momento en que fue aprobada la Constitución Española, lo que permitiría investigar por este tipo delictivo a un número mucho mayor de dirigentes de la organización.
La asociación ya trató de buscar una vía alternativa para salvar esa limitación que se impuso la Audiencia Nacional. Denunció toda la etapa temporal previa a 2004 ante los tribunales de Argentina, conocidos por su capacidad de indagar asuntos internacionales. Éstos, de hecho, abrieron diligencias para rastrear lo denunciado, pero no pudieron avanzar debido a que el alto tribunal español se negó a remitirles la documentación que reclamaban. Pero Dignidad y Justicia no nació para darse por vencido, y menos aún después de la mencionada recomendación de la Eurocámara, que tendrá previsibles consecuencias en los tribunales en los próximos meses.
La segunda línea de actuación que complementa la iniciativa de la autoría mediata con el fin de tumbar la impunidad de los 379 asesinatos apunta al fantasma de la prescripción, que tantos asuntos ha dejado impunes. En el marco de la causa reabierta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el abogado Rodríguez Arias ha elaborado un informe que trata de reinterpretar este concepto a la luz del Convenio Europeo sobre Imprescriptibilidad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no aplicó. El documento pretende que el Tribunal Supremo valide así lo que ya el letrado ha denominado ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’, que automáticamente declararía imprescriptibles más de 400 asesinatos terroristas. El informe esgrime que estos crímenes deberían considerarse ‘eternos’ no tanto desde 2010, cuando la normativa de imprescriptibilidad entró en el ordenamiento jurídico español, como desde 1990, pues 20 años era la vigencia que el delito tenía en ese momento. No en vano el convenio indica que deben englobarse en esta ‘perenne’ consideración todos aquellos asesinatos que hasta ese momento no hubieran prescrito.
Dignidad y Justicia fue determinante para meter en prisión a decenas de miembros de ETA y, sobre todo, para acabar con la trama civil de la banda, aquella que conformaban asociaciones y empresas satélite que daban apoyo cultural, legal, propagandístico y financiero a la banda. Sin la actuación de la asociación de Portero probablemente el presente sería muy distinto. La novedosa iniciativa basada en la autoría mediata, la lesa humanidad y la imprescriptibilidad sigue esa innovadora línea que va más allá del derecho practicado y que trata de que lo jurídico se adapte a la realidad. El trabajo interno ha durado años, pero por fin ofrece frutos. Tras más de una década en la que la corrupción ha sido la punta de lanza de las investigaciones de la Audiencia Nacional, la ya ‘olvidada’ banda terrorista ETA vuelve a la primera línea judicial y mediática.
Roberto Ruiz Ballesteros es periodista, consultor y portavoz de Dignidad y Justicia