Ahora lo que importan no son las sensaciones sino las realidades. Y Sánchez y sus maniobras para lograr el control absoluto es una realidad demasiado grande. En twiter por Sol Cuquerella.
Por otra parte, “la España que reúne” define en un comunicado de la Agencia EFE, las razones por las que Sánchez intenta el Control Total :” Los acontecimientos de las últimas semanas están causando honda preocupación en amplias capas de la sociedad española, expresándola en una pregunta muy concreta: ¿hasta dónde vamos a llegar? Es evidente que cada día, semana y mes que transcurren surgen nuevas voces que alertan de la situación. Sin embargo, en pocas ocasiones, se va a la raíz política que ayuda a explicar y actuar para evitar un mayor deterioro del sistema del 78. Este planteamiento ha sido también distribuido por Abel Cádiz y la Fundación Emprendedores, de forma que lo acepto tal cual;
Ante todo, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. La legislatura se sostiene gracias a una serie de equilibrios inestables conformados por un Gobierno de coalición que cuenta con el menor número de escaños que ha tenido un Ejecutivo en democracia, y sus apoyos parlamentarios caracterizados por ser fuerzas centrífugas abiertamente contrarias al régimen constitucional. Sin embargo, al contrario de la inestabilidad de los apoyos y la ruptura en Podemos, el PSOE ha mostrado solidez interna sólo matizada por algunas declaraciones y opiniones de cargos y figuras significativas que muestran discrepancias tanto en el fondo como en la forma de las políticas actuales.
Esta unidad de acción, compartida por la mayoría de los militantes, cargos públicos y dirigentes, está basada en dos elementos fundamentales y una premisa. Por un lado, se pone por delante la política social y exterior del actual Gobierno sobre las decisiones en materia territorial, judicial o institucional. Y, por otro lado, no perciben la existencia de riesgos relevantes sobre el futuro constitucional y la calidad democrática que se pueden derivar de medidas como los indultos, las reformas de los delitos de sedición y malversación o los nombramientos del poder judicial, entre otros.
Y la premisa es la importancia de que el PSOE es el partido más votado en las últimas dos Elecciones Generales y que su secretario general ostenta actualmente la presidencia del Gobierno. Gracias a este «ruling dividend» trufado de una épica discursiva contraria a la derecha por las características del último mandato del PP entre 2016 y 2018, los militantes y cargos orgánicos socialistas están unidos en torno a ello sin reparar en que su «causa» (su agenda de Gobierno en materia económica, social y exterior) está siendo desplazada del centro político hacia uno de los extremos, empujada por la confluencia de fuerzas nacionalistas, populistas e iliberales.
En consecuencia, existe una diferencia sustancial entre la percepción del simpatizante o cargo del PSOE en torno a las medidas que se están tomando y las consecuencias que con una alta probabilidad se pueden producir. Pero incluso para aquellos que sí pueden ser medianamente conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más perder la posición de Gobierno y cederla al PP que los riesgos para el orden constitucional.
Para salir de esta situación -y antes de que sea demasiado tarde para el Estado de Derecho- hay varias alternativas, pero todas ellas pasan por un cambio de fondo en la percepción que la mayoría de los simpatizantes, militantes y cargos del PSOE tienen de la situación actual. Si esto se produce, la probabilidad de que los actuales dirigentes den marcha atrás y cambien de rumbo es elevada. Una dirección, por mucho «ruling dividend» que tenga, no se puede sostener en el tiempo con un rechazo generalizado de sus acciones. Éste es el trabajo a desarrollar en las próximas semanas y meses desde la base y con la base.
Es poco prudente esperar a que un dirigente actual o histórico tenga los incentivos y la fuerza suficiente para intentar un cambio en la política actual, ya que trabajará en contra no sólo de la dirección, sino que tampoco conseguirá persuadir a unas bases alimentadas con mensajes sencillos y con poca percepción de los riesgos. Y menos aún dejar que la presión del cambio descanse sobre los que se consideran adversarios políticos con herramientas tradicionales como manifestaciones, mociones de censura o confiar en un vuelco electoral significativo en los comicios de mayo. No es el momento de reacciones desairadas ni tactistas que sólo servirán para desincentivar al que hoy cierra filas en torno a su líder.
Es una tarea muy compleja que requiere del concurso de todos, en un momento en que el Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu juegan de manera repetida al «dilema del prisionero». Han aprendido a cooperar, a necesitarse mutuamente. Y eso es letal para la estabilidad democrática de España. Para romper este «dilema del prisionero» no se puede confiar en que los separatistas y herederos del terrorismo cometan algún error que les deje fuera de juego. Históricamente nunca ha sido así: conforme reciben concesiones por parte de los Gobiernos nacionales, sus reivindicaciones aumentan. Hay que actuar, cuanto antes, sobre el partido que durante muchos años ha sido central y que hoy conforme se escora hacia el extremo, dibuja un espacio de orfandad política creciente.”
Todo ello es debido al Estado de las Autonomías, en la que pretende cada una de ellas en sacar, el máximo provecho del Estado Español, Naturalmente esto ocurre especialmente en aquellas que por la Ley de Hondt están sobrerrepresentados los partidos, cosa que ocurre en Euskadi y Catalunya, Tema del que empiezan a darse cuenta los italianos en una newsletter del Istituto Bruno Leoni por Carlo Lottieri en la que dice autonomía diferenciada: más palabras que hechos. Una de las necesidades cruciales -e inaplazables- es introducir en nuestro orden político una mayor responsabilidad de cada actor (municipio o región) y una verdadera competencia institucional. Diseñada desde sus orígenes sobre la base de modelos jacobinos, Italia se encuentra con un sistema de financiación derivada que lleva a cada administración local a gastar tanto como sea posible, confiando en que otros pagarán. Una verdadera autonomía no sólo significaría una gestión administrativa más acorde con las preferencias de los diferentes territorios, sino que también obligaría a las diversas realidades a gestionarse responsablemente. Además, beneficiaría a todos crear una competencia sana entre municipios y entre regiones, a fin de estimular a cada sujeto a gastar y gravar menos (y al mismo tiempo ofrecer servicios de calidad). Tomar el camino del federalismo no sería favorable a unos y en detrimento de otros, sino que generaría ventajas en todas las direcciones.
Si esto es cierto, el debate sobre la autonomía diferenciada puede no ser útil. Aunque han pasado cinco desde dos referendos, en Véneto y Lombardía, que expresaron una clara adhesión a la hipótesis de un aumento del autogobierno en estas regiones, es probable que en los próximos meses se pierda más tiempo en un callejón sin salida, dado que el camino trazado (desde la definición de los «niveles esenciales de desempeño» hasta la aprobación de una ley que necesitaría el voto de la mayoría absoluta de los componentes) hace imposible ser optimista. . Además, nadie imagina que la transferencia de competencias vaya acompañada de una reducción de la redistribución y de una nueva autonomía fiscal y presupuestaria.
Por lo tanto, aquellos que quieren que se valore el autogobierno local deben mirar con escepticismo lo que está sucediendo. Estamos discutiendo en torno a un maquillaje que con toda probabilidad nunca sucederá. Lo que está en juego es mínimo y el despliegue de quienes se oponen incluso a estos modestos cambios en el statu quo es impresionante, ya que reúne a los abanderados del nacionalismo, los campeones del bienestar estatal y aquellos que, en el Sur, pretenden jugar la carta del populismo reclamando un Sur abandonado a sí mismo.
El único aspecto positivo, entonces, es que la discusión sobre la autonomía diferenciada conduce al menos a abordar el tema y nos permite pensar en el vínculo entre estatismo y centralismo, entre la expansión de los poderes públicos y la pérdida de cualquier responsabilidad a nivel local. Este es solo el momento de las palabras, en resumen. Tendremos que esperar a los hechos.
Finalmente, y según una editorial del Imparcial por Luis María Ansón dice Al paso que lleva, Pedro Sánchez va a destruir las bases de la democracia española con la inestimable ayuda de los comunistas, separatistas y proetarras que le mantienen en el poder. Después de indultar a los que intentaron dar un golpe de Estado con una amnistía encubierta, ahora ha puesto en marcha el definitivo asalto al Poder Judicial que acabará con la separación de poderes. Se ha quitado la careta y sin pudor alguno, el presidente está a punto de desguazar la Constitución y aniquilar el denominado “régimen del 78”; esto es, la ejemplar transición española de la dictadura a la democracia que ha servido para que los españoles vivan en libertad el mayor periodo de su historia.
La ilegal injerencia del Gobierno en el nombramiento de los magistrados del Poder Judicial se asemeja a un golpe de Estado a “la peruana”. Elimina el procedimiento constitucional de nombrar a los vocales del Alto Tribunal con el consenso de los tres quintos del Congreso de los Diputados y, mediante una trampa camuflada tras una propuesta de ley, puede elegir a los jueces con una simple mayoría parlamentaria, la que obtiene con el PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
Hasta ahora, los analistas políticos siempre han achacado estas burdas maniobras al interés de Pedro Sánchez en mantenerse en el poder. Pero crece el temor de que el Gobierno sea capaz de llegar más allá. De intentar con esa mayoría simple sustituir la Constitución por otra, por una que contente a sus siniestros socios y, así, intentar abolir la Monarquía y crear un régimen totalitario bajo una nueva República.
Porque el asalto al Tribunal Constitucional que ha puesto en marcha el Gobierno no es más que el señuelo para asaltar luego la entera Constitución. Porque con las modificaciones del Código Penal que ha puesto en marcha, la Carta Magna se convierte en papel mojado. Inés Arrimadas ha acertado al calificar a Sánchez de “aprendiz de dictador” y, por desgracia, también Gabriel Rufián al jactarse de que un nuevo intento de golpe de Estado de los separatistas “ya no sería ilegal”. Lo dicho; lo que intentó torpemente Pedro Castillo en Perú: cambiar las leyes para sustituir una democracia por una dictadura totalitaria. Tan totalitaria, que el Gobierno ya ha amenazado con cárcel a los magistrados del CGPJ que intenten parar el asalto al Tribunal Constitucional que ha puesto en marcha el Gobierno.
España se enfrenta a una crisis institucional sin precedentes. Y, en primer lugar la Unión Europea y todos los demócratas españoles, los partidos políticos, el PSOE incluido, todas las Instituciones, en especial el Poder Judicial, tienen que enfrentarse decididamente a este golpe a la democracia que prepara el Gobierno con sus socios. Porque el tiempo se acaba. Y en el escaso año que resta de legislatura, Sánchez y sus aliados son capaces de todo; para empezar, aplastar a los partidos de la Oposición y destruir las bases de la democracia. No hay que descartar que el recuento de votos en las próximas elecciones generales se haga desde Génova y el Palacio de San Jaime.