Desde que comenzamos el año 2022 veníamos asistiendo a un sin fin de acontecimientos que parecían cuestionar el mundo en que vivimos. En los últimos años gracias a los medios y oportunidades creadas por las generaciones que nos han precedido, en los países del primer mundo se ha producido el mayor desarrollo conocido de los derechos y libertades de las personas. Desgraciadamente este mundo, referente para los países en desarrollo empieza a mostrar algunas grietas. La debacle financiera a nivel mundial y la difícil situación económica española, a los que no se les ve fin en un horizonte cercano, nos están haciendo plantear muchas cuestiones sobre el funcionamiento del sistema y la fragilidad de nuestro mundo.
A ello se unía en estos días, otro acontecimiento de singular importancia en la vida política española, como ha sido el de la celebración del acuerdo entre PSOE Y PP para renovar el órgano de dirección del Tribunal Constitucional que se ha decantado por nombrar más jueces de corte progresista. La inmensa mayoría de la ciudadanía española, muy a pesar de la prensa oficial y de las cortapisas del Poder, parece que ha comprendido las justas demandas planteadas por los jueces. Han bastado las imágenes de los juzgados con sus voluminosos legajos, su falta de medios, la lentitud de los procesos, el escaso presupuesto del ministerio, la imagen de un ministro que justifica lo injustificable, y que se agarra al cargo con ventosas, para comprender que el sistema verdaderamente no funciona. Pero capítulo aparte por la degradación en la confianza en el poder judicial es el de las instrucciones politizadas e inquisitoriales, al que quiero dedicar este artículo, a una de las cuales en vivo y en directo asistimos estos días. Esta es en mi opinión, una de las causas que ocasiona su mayor descrédito y deslegitimación y a la que el Poder Judicial haría bien en poner límites.
El inconsciente colectivo tiene profundamente enraizados principios que se remontan a la Revolución francesa, cuyo reconocimiento y consagración supuso un hito muy importante en el desarrollo de la Libertad individual, son principios tales como que las leyes deben aplicarse a todas las personas , incluidos los gobernantes, que nadie está por encima de la Ley, que el organismo que crea las leyes debería ser diferente del que las administra, la necesidad de una autoridad judicial independiente para garantizar la administración justa de las leyes etc. Nuestra Constitución comienza en su Art. 1 definiendo a España como un estado de derecho, consagrando como valores supremos de su ordenamiento la libertad y la justicia , también destacare tres artículos de su título I “ De los derechos y deberes Fundamentales” que son el Art. 17 dedicado a la libertad y la seguridad, en él se detallan las garantías de la detención preventiva, el Art. 24, que consagra el principio a la tutela judicial efectiva, el derecho al juez predeterminado por la Ley, a ser informados a la acusación formulada , a la presunción de inocencia y finalmente el Art. 25, que consagra el principio de legalidad. El titulo VI de la Constitución se dedica especialmente al Poder judicial, que se configura como uno de los poderes del estado, de carácter independiente. Pero estos principios que conforman lo que conocemos como estado de Derecho, desgraciadamente en este comienzo del siglo XXI no tienen una vida pacífica. Basta un análisis superficial a la instrucción por ejemplo del caso GÜRTEL, y a otra ya un poco mas más olvidada, pero también con un componente político importante, la del llamado caso GUATEQUE que afecto al Ayuntamiento de Madrid, para comprobar como en la práctica estos principios del Estado de Derecho son despreciados y vapuleados por quienes deberían ser sus máximos garantes.
En ambos casos el sumario fue declarado secreto, no obstante, lo cual nos encontramos con filtraciones estratégicas interesadas a la prensa, siendo siempre los mismos medios, muy en la onda del oficialismo los que acaparan las primicias. Aun siendo el secreto sumarial una medida excepcional para favorecer la investigación, está se prolonga en el tiempo, pero en los periódicos parecen noticias sin cesar. Así los abogados tienen que instruirse por los periódicos y los imputados conocen de sus posibles fechorías a través de su lectura si es que tienen acceso a la prensa. Paralelamente se produce el juicio mediático en el que la condena está asegurada, la llamada pena de telediario, cuando años después podría resultar que los imputados son inocentes, pero tuvieron la desgracia de encontrase en un lugar equivocado, con una señoría con vocación por el espectáculo o quizás dotada de una portentosa imaginación. La verdad no se busca con detalle y rigor, sino que el ruido de las apariencias lo impregna todo, y la instrucción se asemeja a un ajuste de cuentas. Trasladar las instrucciones a la opinión pública con un secreto del sumario, se asemeja a las cazas de brujas de la Edad Media y representa un retraso en la civilización
En cuanto a la forma de las detenciones. En el caso del Juez Garzón deja a los imputados en un calabozo mientras se va a cazar y el caso Guateque, el Juez Torres hizo que el comienzo de las detenciones de las primeras actuaciones se produjera un miércoles, con órdenes de que transcurran las 72 horas, plazo máximo de la detención preventiva que establece el Art. 17 de la Constitución. De esta forma se asegura de que las comparecencias serán ante el juez de guardia el sábado, el cual al no conocer el tema, en caso de duda enviara a la gente a la cárcel. Las declaraciones ante el juez de guardia se produjeron después de trascurridas más de 80 horas desde las detenciones, asegurándose que los imputados estarían debilitados, tras más de 3 días sin lavarse y malcomidos. Todo el caso narrado por la imputada que luego resultó inocente. Carmen E. Ibáñez, acusada por el ‘caso Guateque ha presentado recientemente su libro ‘Justicia Perversa”.
Las imputaciones no se concretan, ni se motivan, todo son meros indicios y con ellos se arrambla con todo. Basta una mera alusión telefónica sobre una persona, que en muchos casos no responde más que a la fantasía del que la pronuncia, para ser elevada a la categoría de verdad. En el caso Guateque se eleva a la categoría de indicio delictivo, el tomar un café con un compañero, o un simple viaje al extranjero, pues cuestiones como estás, fueron preguntadas en los interrogatorios, en el caso Gúrtel se habla de unos trajes de Milano. La presunción de inocencia parece sustituirse por la presunción de culpabilidad. Camps ha sido declarado inocente en siete piezas de la Gurtel quedándole todavía algunas mas.
También la división de poderes aparece en entredicho, y los distintos poderes aparecen entremezclados, no estamos ante jueces imparciales, sino que se encuentran contaminados desde el principio de las actuaciones. En el caso del Juez Garzón coinciden en una cacería el ministro, el comisario que dirige la investigación y una fiscal. En el del Juez Torres, come con los principales responsables del organismo investigado esto es con Manuel Cobo y con el alcalde Ruiz Gallardón. Curiosamente en este último caso, no se imputa y se dejan libres de sospecha a aquellos que en definitiva tienen la potestad de tomar las decisiones como son los cargos políticos y quienes han firmado las licencias de los locales investigados. Todas las posibles responsabilidades se hacen recaer sobre una supuesta trama de funcionarios en connivencia con particulares, imputando a más de 80 personas, que si empleamos la terminología policial serían los componentes de la banda delictiva. Pero el sentido común nos dice que una banda de tales características no puede existir, sino que más bien podría tratarse de actuaciones aisladas de algunas personas, pero una causa general sobredimensiona y amplifica el caso y proporciona más titulares. En el caso Guateque solo estuvo imputado un Concejal del Ayuntamiento de Madrid a quien no se cesó, y cuya imputación se mantuvo muy a pesar del Juez Torres, al obligarle la Audiencia Provincial, a causa de la denuncia de un particular. Ambos jueces que evidentemente se encontraban contaminados, querían estar en la Audiencia Nacional uno presidiéndola y el otro en su día pidió el traslado a la vacante que dejo el juez del Olmo pero no lograron su objetivo. Una pifia más.
En el caso Guateque las personas que intervienen todas se retiran, el instructor policial a quien se cesa, el funcionario del Juzgado que pide el traslado etc. De lo que parece desprenderse y emplearemos una vez más lenguaje policial, un posible indicio de presiones.
Si curiosamente la falta de medios que es uno de los problemas endémicos de la justicia, en ambos casos no se manifiestan, son asuntos prioritarios a los que no importa dedicar largos días con interminables sesiones de interrogatorios, con miles de folios y prolongar las instrucciones durante mucho tiempo, la cuestión más nimia representa una sospecha y ello evidentemente en detrimento de otros asuntos, en los que al ser los protagonistas seres anónimos, no merecen atención.
Creo que lo descrito anteriormente debería ser motivo de reflexión, ya que la justicia en una sociedad democrática debe ejercitarse con respeto a las más elementales formas constitucionales, y a través de jueces que ejerciten su función con imparcialidad, independencia, y discreción. Todo lo demás contamina y debilita el sistema y su legitimidad. Lo descrito no representa una mera anécdota, sino que ambos son casos por todos conocidos con gran repercusión mediática, con los que el sistema judicial queda descreditado.
Además, y por si fuera poco, los órganos jurisdiccionales que controlan el Poder Judicial: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, son elegidos a dedo, en un reparto de “tarta” entre los Partidos Políticos, ya sea en directo, o a través del Parlamento, lo que no sólo no nos tranquiliza, sino que nos angustia profundamente, pues las decisiones que afectan a temas políticos están no sólo contaminadas, sino predecididas, según sea la composición del órgano, en jueces mal llamados “conservadores” o “progresistas”; no son ni lo uno ni lo otro, pues su elección viene ya viciada “en origen”.
Después, y con mucha pompa, nos hablan de los resultados del año Judicial, que no se corresponden con la realidad criminal, ya que sólo se denuncian, en general, aquellos delitos de los que se puede sacar provecho, normalmente cobrar un seguro. De forma que la situación es más grave que la de los datos estadísticos que nos entregan.
Algo habrá que no funciona, pues si en mi larga vida sólo he ganado un pleito, de los aproximadamente veinte que he tenido, creyendo tener razón en todos ellos, ¡líbrenos Dios de pleitos!, pues ya es conocido el aforismo:
“Pleitos tengas y los ganes”. Aunque el refrán provenga de un personaje del propio Patio de Monipodio, en pleno Siglo de Oro español.