Ser republicana o hija de republicanos, pensar diferente o no obedecer con el modelo de mujer que exigía el régimen franquista fue durante muchos años un factor de alto riesgo. Las menores de edad que no cumplían con el rol impuesto por las instituciones podían ser consideradas mujeres “caídas” o en “riesgo de caer”. Miles fueron castigadas y encerradas en reformatorios y preventorios donde sufrieron malos tratos, vejaciones y torturas. También miles de mujeres fueron obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud para grandes empresas sin recibir ningún tipo de remuneración. Y todo ello bajo disciplina militar.
Así se desprende de la primera querella presentada por Women’s Link ante la justicia argentina que denuncia los crímenes de género cometidos durante la dictadura. La organización pide a la jueza María Servini, encargada de investigar crímenes franquistas, que amplíe la causa e investigue también estos delitos. “Los tribunales españoles no están juzgando ninguna causa de los represaliados del franquismo, se archivan todas las causas”, asegura Carmen Miguel, directora legal regional de Women’s Links.
Entre los delitos que sufrieron estas mujeres durante el franquismo figuran la violencia sexual, el robo de bebés, los abortos forzados, las purgas con aceite de ricino, humillaciones públicas y castigos y encierros en reformatorios y preventivos. “El régimen estableció que el ideal de mujer era sumisa, madre y esposa cuyo único objetivo vital era la maternidad”, declara Carmen Miguel.
Cárceles ocultas
Los reformatorios, gestionados por Carmen Polo y el Patronato de la Mujer, funcionaron desde los años cuarenta hasta mediados de los años ochenta. Eran cárceles ocultas para mujeres que ingresaban siendo menores de edad y permanecían retenidas hasta los 25 años, asegura el escrito. “Estaban sometidas a una reeducación férrea basada en el nacional catolicismo. Les daban la mínima comida posible y solo podían beber una vez al día, dormían en lugares sin calefacción. Las mujeres que han pasado por estos centros a día de hoy no han superado el trauma”, explica Carmen Miguel.
Era sencillo entrar, pero casi imposible salir. Según explica el escrito, las jóvenes eran obligadas a ingresar en estos centros, repartidos por todo el país, a causa de denuncias y redadas. A partir de ese momento su patria potestad quedaba en manos del Patronato. “Ha habido empresas importantes de este país que durante esa época que se han servido del trabajo gratuito de estas mujeres”, añade Carmen Miguel.
Pero además de los reformatorios, el Patronato también puso en marcha los preventorios entre los años 1945 y 1975. Camuflados como colonias infantiles para menores de bajos recursos para “recibir vacunas, comer bien y hacer ejercicio al aire libre” y así prevenir enfermedades, el régimen instauró centros donde los niños sufrieron malos tratos. “Era un régimen militar; nos quitaban todas nuestras referencias de identidad; pertenencias personales (…) y a partir de ahí empezaba lo que era la pretensión de esta gente (…) de formar una población general, una ciudadanía que no tuviese esa consideración y esa autovaloración como ciudadano, en obediencia, en resignación y en el terror (…) todo esto acompañado de insultos, vejaciones, malos tratos, abusos continuos”, dice Ángela Fernández. Un testimonio recogido en la querella.
La abogada explica que las víctimas han vivido estos hechos como una “experiencia vergonzosa” puesto que “se las estaba encerrando porque supuestamente estaban haciendo algo mal y no estaban haciendo nada mal”. “A todas las que tenían una aspiración diferente se las castigaba”, apunta la portavoz de Women’s Link.
Bebés robados
Además de los reformatorios y los preventorios, el Patronato de la Mujer ejerció una “práctica totalmente planificada de manera sistemática”: el robo de bebés. “Son niños que eran separados de sus madres mientras las madres cumplían pena de prisión. También hijos de madres que fueron robados y desaparecidos en hospitales públicos y niños desaparecidos en los reformatorios y en los preventorios”, afirma Carmen Miguel.
Según relata el escrito, en 1942 cerca de 9.000 niños estaban tutelados por el Estado, bien en escuelas religiosas o en establecimientos públicos dirigidos por las instituciones franquistas. Un año después la cifra ascendió a 12.042 menores. Entre 1944 y 1954 el Patronato de San Pablo se ocupó de distribuir en sus centros a más de 30.000 niños. Vallejo Néjara, psiquiatra de la órbita del régimen, elaboró estudios en los que trataba a los republicanos como “infra-personas, enfermos mentales o seres de una raza inferior”, explica la querella. “Contribuyó a justificar y alentar esta práctica. El robo se realizaba con la finalidad de entregar a los recién nacidos a familias afectas al régimen que no podían tener descendencia”, dice el escrito. Es más, un decreto impulsado en el año 1940 permitió que la pérdida de tutela a favor del Estado fuera un “trámite sencillo y arbitrario”. “Fue una práctica institucionalizada”, apunta Carmen Miguel.
Desde Women’s Link consideran que “ninguna causa que investigue las violaciones de derechos humanos” puede estar completa “si no se contempla los crímenes que se cometieron contra las mujeres por el hecho de serlo”.