Ante el supuesto levantamiento de la prohibición de Uber en Alemania, la Federación Profesional del Taxi (FPT), recuerda que el tribunal alemán, sigue considerando “correcta la resolución provisional”, y que simplemente ha considerado que “no hay motivos para aplicar una medida cautelar de carácter urgente”.
El tribunal alemán prohibió a la empresa americana ejercer su actividad en el país el pasado 25 de agosto, al carecer de la licencia que exige la ley nacional para el transporte de personas. En España, la compañía opera ya en Barcelona y tiene planes de comenzar a hacerlo en Madrid. Por este motivo, la FPT convocó una manifestación el pasado mes de julio, a la que acudieron más de 4.000 taxistas para pedir al Gobierno que frenara la entrada de este tipo de centrales de reserva de Prestaciones de Servicio de Transporte.
Julio Sanz, presidente de la Federación recuerda que a día de hoy el Ministerio de Fomento “sigue sin mostrar una postura clara al respecto”, aunque sí ha reconocido públicamente que “ante la aparición de anuncios (…) mediante los que diversas empresas hacen pública su intención de poner en marcha plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos particulares, el Ministerio recuerda que es necesario dicha autorización y que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia”.
Fomento declaró el pasado junio que “la nota que es clave para determinar qué servicio sería sancionable y cual no es el hecho de que exista una retribución económica en el desplazamiento”. “Si son fieles a este argumento”, declara Sanz, “los profesionales del taxi no entendemos como siguen sin dictar leyes que prohíban su implantación”.
“Está claro que Uber es una empresa, con ánimo de lucro, y que emplea a conductores sin ningún tipo de licencia ni seguro de responsabilidad civil. Este tipo de compañías desprecian las más elementales normas legales”, y rompen la estructura del sector del taxi que aporta 855 millones de euros anuales al Estado en forma de impuestos directos y mantiene a más de 120.000 familias”, denuncia el presidente.