Se estima en 20.000 el número de víctimas de la que se considera como la mayor intoxicación alimentaria de España y Europa, mientras que la cifra de muertos alcanza los 5.000. A día de hoy, la Plataforma Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) cifra en 15.000 el número de afectados, la mayoría de ellos -unos 10.000- en Madrid.
Fue en la primavera de 1981 cuando se empezaron a conocer los primeros casos de personas afectadas por una extraña enfermedad que inicialmente se diagnosticó como neumonía atípica y que se cobró su primera víctima mortal en mayo de este mismo año: el niño de 8 años Jaime Vaquero, que vivía en la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz.
LOS ENFERMOS MORÍAN A RAUDALES SIN SABER LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD
Manuel Posada, director del Instituto de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, acababa de finalizar en aquella época su especialidad en Medicina Interna en el Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro (Madrid) y la epidemia le pilló «con la bata y la mascarilla puesta».
«Era una situación muy trágica porque los enfermos morían a raudales y cualquier día era crítico para averiguar la causa de la afección», recuerda Posada en conversación con Efe.
Este médico, que forma parte del grupo de expertos en enfermedades raras de la Comisión Europea, explica los problemas que surgieron inicialmente para encontrar el origen de la enfermedad, ya que ésta afectaba a los pulmones y se comportaba como una neumonía -los pacientes más graves morían por insuficiencia respiratoria-, por lo que se buscaba un origen infeccioso y no una intoxicación alimentaria.
No obstante, la investigación no tardó en dar sus frutos y en algo más de un mes se había localizado el origen de la enfermedad. «El primer caso fue el 1 de mayo y el 10 de junio se estaba dando la alerta, solo tardaron 40 días. Estas cosas llevan un ritmo y averiguar de dónde viene una epidemia de ese calibre no lo hacen ni los americanos en sus mejores momentos en menos de un mes», afirma.
La causa era el consumo de aceite de colza adulterado, un producto que fue importado desde Francia para uso supuestamente industrial y distribuido de forma fraudulenta en España. La mayoría de los afectados eran personas de clase trabajadora que compraron el aceite en puestos ambulantes y mercadillos.
UNA ENFERMEDAD SISTÉMICA CON IMPORTANTES SECUELAS
Posada explica que se trataba de una enfermedad sistémica que afectaba a todos los órganos y provocaba daños musculares, neurológicos, pulmonares y en la piel.
La más grave fue la pulmonar, «que se llevó a mucha gente por delante» y que ha evolucionado a hipertensión pulmonar, una patología muy grave que ha provocado importantes secuelas en las víctimas.
Por eso, hoy en día algunos de los supervivientes dependen de una botellas de oxígeno, se ven obligados a consumir una gran cantidad de fármacos y presentan problemas de movilidad -muchos necesitan silla de ruedas- además de numerosos problemas de articulación y en la piel.
Las víctimas «van cumpliendo años y a las secuelas más o menos graves de la enfermedad se suman los problemas de la edad y otros que probablemente vienen de la intoxicación como mayor riesgo de patologías cardiovasculares, diabetes o hipercolesterolemia».
Posada reconoce que estas personas tienen una calidad de vida bastante mala y hay un porcentaje de ellos -en torno al 30 %- que dice encontrarse mal o muy mal «y esa gente tiene más riesgo de muerte que el resto, algo que nos preocupa y que estamos estudiando».
Los enfermos reciben gratuitamente sus medicamentos y los productos de parafarmacia que necesitan, pero la coordinadora de la Plataforma de víctimas, Carmen Cortés, asegura que tienen muchos problemas para conseguir algunos de estos fármacos y productos, sobretodo cuando intentan hacerlo en una comunidad distinta a la suya.
En marzo de 1987 se celebró el primer juicio contra 38 aceiteros, procesados por la Audiencia Nacional que condenó a 13 de ellos a penas de entre seis y veinte años de cárcel.
El Tribunal Supremo decidió aumentar, hasta en cincuenta años, las penas impuestas a los principales responsables del envenenamiento y aumentó la cuantía de las indemnizaciones, que quedaron establecidas en torno a los 540.000 millones de pesetas (3.253.012 euros), y condenó al Estado a pagarlas en su totalidad como responsable civil subsidiario.
LAS VÍCTIMAS QUIEREN SER AUTÓNOMAS Y NO DEPENDER DE SUS FAMILIAS
Cortés asegura que lo que quieren las víctimas es «ser autónomas y no depender de sus familias», para lo cual consideran necesario que se incluya el SAT en el baremo para la obtención del grado de discapacidad y que se tengan en cuenta sus secuelas como reductor para la edad de jubilación.
También alertan de la situación en la que se encuentran los afectados más mayores, muchos de los cuales están solos, por lo que demandan mayor número de trabajadores sociales que se ocupen de ellos.
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