Fernández Marugán ha informado de esta decisión en una carta remitida a las ocho entidades sociales que en noviembre ya pidieron al Ministerio Público y al Defensor que investigarán estos vídeos «claramente xenófobos y discriminatorios, que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro».
En su misiva, recuerda a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Elín, Iridia, Red Acoge, Federación SOS Racismo y Alianza por la Solidaridad que ya el defensor ha mostrado su preocupación por los ataques que sufren estos chicos.
Así como su postura sobre los mensajes xenófobos y racistas dirigidos a los menores que llegan solos a nuestro país, que «les criminaliza» e incluso «justifican determinadas formas de violencia» contra ellos.
De ahí que Fernández Marugán haya llamado «a todos los actores sociales, y particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, para que combatan firmemente los mensajes intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar a la ciudadanía», precisamente contra un colectivo que se encuentra en una situación de «extrema vulnerabilidad».
«Esta atención a los menores que llegan solos a este país constituye una obligación legal y moral que requiere la máxima diligencia», no solo por parte de las administraciones implicadas, sino «por el resto de la sociedad», concluye.
Estrella Digital