La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y en vigor desde 2008, exige que los estados pongan fin a las prácticas discriminatorias relativas a la familia, la paternidad y la fertilidad de este colectivo.
Sin embargo, más de diez años después de su entrada en vigor, En España se siguen realizando esterilizaciones forzosas, algo que Ciudadanos considera «una grave anomalía en términos de derechos humanos».
En el artículo 156 del Código Penal se dice que «no será punible la esterilización acordada por órgano judicial» en el caso de personas incapacitadas judicialmente.
El partido liderado por Inés Arrimadas propone en su proposición de ley reformar el Código Penal para eliminar esa medida, también prohibida por el Convenio de Estambul.
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