Así, ante la ausencia de ingresos, son muchas las que se están «comiendo sus ahorros» para cubrir costes y pagar nóminas, ya sea por no poder -porque si lo hacen se exponen a ser sancionadas (como es el caso de las estaciones de servicio)-, o porque les «echan para atrás» la solicitud de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor.
Entre las empresas que pueden trabajar se encuentran clínicas médicas, tiendas de alimentación, determinados servicios de mantenimiento, transportistas, comercio electrónico, suministros de agua, luz o gas y gasolinera, entre otros.
Según abogados consultados, estas actividades «no pueden cerrar y si lo hacen y quieren acogerse a las normas derivadas del Covid-19, se las van a denegar». Además, si se considera que su cierre causa un perjuicio a la población serán sancionadas.
Así, son muchos los ertes por causa de fuerza mayor que están siendo negados a estas empresas que se ven obligadas así a recurrir a ertes por causas económicas, mucho más largos y complicados de tramitar y a los que las pymes tiene prácticamente imposible acceder por sus limitados recursos y estructuras.
Los ertes que están «colando» es por silencio administrativo en casi todos los casos y la situación varía mucho en función de cada comunidad autónoma, según los abogados, que han subrayado que a toda esta situación hay que añadir la incertidumbre que añade la rapidez con la que se suceden las normas.
No da tiempo a que los jueces interpreten y a que se unifiquen criterios en la aplicación de las normas, sobre las que surgen muchas dudas, advierten los letrados.
«Las ventas nos han caído un 90 %. Nos hemos quedado sin ingresos y, aunque hemos rebajado los horarios de apertura, me estoy comiendo mis ahorros para poder pagar a mis dos empleados», ha dicho Rodrigo Zuñeda, dueño junto a su hermano de la estación de servicio Zuñegas, en Medina de Pomar (Burgos).
Explica que «son dos personas que llevan trabajando con nosotros toda la vida y apechugaré lo que haga falta, pero como mucho tengo para tres meses, después no sé qué pasará». No pueden cerrar pese a que «ni si quiera viene gente a la tienda» y sólo se acercan guardia civiles y sanitarios a los que les ofrecen café gratis.
«El Gobierno nos ha dejado tirados, nos pide que atendamos a las personas que ahora no puede atender la sanidad pública porque está desbordada y no nos dan ayudas ni medios de protección», ha denunciado María José Calzada, dueña de la Clínica Dental Cote, en el popular barrio madrileño de Vallecas y en la que trabajan ella, otra odontóloga, una administrativa y una higienista dental.
Calzada, cuya clínica ha pasado de atender a una media diaria de entre 10 y 15 personas a ver a 3 en el mejor de los días, explica que quiere «seguir abierta, porque hice un juramento al finalizar mi carrera. No quiero salir corriendo, pero no puedo, he tirado de mi dinero para pagar a mis empleadas pero seguir haciéndolo sería un suicidio».
«No necesito caridad, no pido dinero a fondo perdido, pero necesito que me ayuden a poder seguir. Con que no me hubieran cobrado cuotas a la Seguridad Social o nos den acceso a créditos blandos, habrían ayudado», ha aseverado.
Fran, dueño de una empresa de transporte que factura unos 5 millones de euros al año, emplea a 160 personas (entre asalariados y autónomos) y cuya identidad prefiere no revelar, ha explicado que ellos están pudiendo subsistir gracias a que el auge del comercio online está compensando la caída del resto de su actividad en un 85 %.
Sin embargo, si la situación se alarga, la gente dejará de comprar por miedo a gastar y los comercios online, al estar cerradas las fábricas, se quedarán sin stock, según Fran, que ha advertido que cada vez cuesta más encontrar a gente que quiera trabajar, por miedo al contagio, y ha lamentado que se premie a las empresas que presentan ertes en lugar de ayudar a las que deben seguir operando.
«Necesitamos que decreten nuestro cierre y que se aclare que sólo debemos atender urgencias para poder así acogernos a las facilidades que se dan a otros sectores para no acabar quebrando», ha dicho Eduardo Morán, tesorero del Consejo General de Ópticos-Optometristas, que ha denunciado que, además, no les han dotado de equipos de protección personal para poder dar servicio de forma segura.
La situación es «dramática», la actividad ha caído un 95 %, y «como solución menos dañina de cara al futuro queremos poder optar a erte por causa de fuerza mayor y recibir ayudas para no tener que renunciar a nuestra labor sanitaria», ha señalado.
Por su parte, María José, fisioterapeuta autónoma en Madrid, ha relatado que ella decidió dejar de trabajar para evitar ser una vía más de propagación del coronavirus, ante la imposibilidad de guardar las distancia de seguridad con sus pacientes y pese a que sabe que tiene muy difícil poder acogerse a alguna ayuda si no se decreta el cierre de su actividad.
Para poder acceder a la prestación del cese de actividad articulada por Covid-19, los autónomos deben, entre otros requisitos, acreditar caídas en los ingresos del 75 %, algo que «no nos detallan cómo debemos hacer», ha dicho María José, quien ha añadido que mientras la situación se resuelve tirará del dinero que había ahorrado para comprarse una vivienda.
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