El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, explica en un vídeo las actuaciones en las que está inmerso el departamento jurídico de la asociación durante el «lapso judicial» que ha supuesto el estado de alarma, «en el que las notificaciones de procedimientos están prácticamente paralizadas».
Este tiempo, explica Guerrero, lo están aprovechando para preparar, entre otros asuntos, este «importante» juicio, que, si bien «debería haberse enjuiciado antes del verano, esta situación «va a demorarlo, casi con toda seguridad, a después del verano».
Se trata, señala, de un juicio «muy complicado, con una ingente cantidad de testigos y pruebas periciales» y en el que además, el ministerio fiscal no va a acusar de asesinato terrorista, mientras que desde la AVT entienden que deben ser enjuiciados por ese delito los tres procesados en esta causa.
Se trata de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, que cumplirán en agosto tres años en prisión preventiva -el máximo es 4 años-. Los dos primeros están acusados de integración en organización terrorista como miembros de la célula yihadista de Ripoll (Girona) que perpetró los atentados en La Ramblas de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona), mientras que el tercero deberá responder por un delito de colaboración.
Ninguno de ellos ha sido procesado como responsable de los 16 fallecidos y 140 heridos en la masacre del 17-A, ya que los presuntos autores murieron abatidos por los Mossos d’Esquadra o en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona).
En ese mismo vídeo, el abogado relata que el departamento jurídico está aprovechando también para estudiar y avanzar en otros sumarios que serán llevados a juicio «en un lapso judicial relativamente breve».
En dos de ellos está acusada la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, que tras cumplir condena en Francia fue extraditada a España en septiembre.
Uno es por el asesinato por el asesinato, el 26 de junio de 1985, del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez, a quien ETA consideraba un confidente policial, y el otro, por haber facilitado armamento al comando «Itsasadar», que el 13 de enero de 1995 mató a al policía nacional Rafael Leyva e hirió a otro agente en un atentado en unas dependencias del DNI de Bilbao.
También recuerda el letrado que está pendiente el juicio «en breve plazo» a una célula yihadista compuesta por internos en la prisión de Valdemoro (Madrid) y que utilizaban esa circunstancia para radicalizar a otros internos para la futura comisión de atentados terroristas una vez fueran puestos en libertad.
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