Según esta organización, para evitar el sufrimiento de las personas vulnerables «es preciso prestaciones y servicios por derecho, que eviten riesgos sociales y la quiebra de la cohesión social».
«Los Servicios Sociales deben prevenir los riesgos sociales del coronavirus para mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables; la epidemia de coronavirus está poniendo a prueba nuestra cohesión social y a algunos colectivos y personas en exclusión social pasamos, con frecuencia, a convertirlas de víctimas en victimarios», señala el presidente de esta asociación José Manuel Ramírez en un comunicado.
En España había hasta finales de febrero, seis millones de personas usuarias de los servicios sociales: «Personas que venían siendo atendidas por un Sistema de Servicios Sociales disperso y maltratado por los efectos de los recortes que dieron como resultado unos dispositivos residenciales y de atención domiciliaria escasos e insuficientemente dotados», asevera.
Para la asociación, es imprescindible simplificar los procedimientos y la prescripción facultativa de los Servicios Sociales como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.
«Frente al reparto de bolsas de comida, hay que priorizar las prestaciones económicas mientras se aprueba el ingreso mínimo vital y se agilizan los procedimientos de las rentas mínimas autonómicas», añade.
También reclama volver a valorar el medio millón de prescripciones del Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar las tareas más adecuadas e incluir nuevos usuarios, especialmente las personas que vivan solas y sean mayores de 65 años, y potenciar los servicios de Teleasistencia.
Respecto a los dependientes, asegurar la atención a las cien mil personas beneficiarias de centros de día que desde la declaración del estado de alarma están en sus casas y continuar la tramitación de los expedientes de las más de cuatrocientas mil dependientes que están en las listas de espera.
«Casi la mitad de las familias atendidas por los Servicios Sociales tienen menores; tenemos que garantizar la continuidad profesional de los proyectos de intervención con los menores en situación de riesgo y en barrios altamente vulnerables es imprescindible que se facilite el acceso de esas familias a prestaciones que garanticen susnecesidades básicas mientras no les sea posible desarrollar sus actividades económicas habituales», concluye.
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