Así lo advierte, en un comunicado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que manifiesta también su «preocupación» por el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia, que ya asciende a 153.306 (2.744 más que hace un mes).
Además, los dependientes atendidos en residencias se han reducido en 5.459 en el mes de abril. El 55 % de ellos (3.019), en la Comunidad de Madrid.
La asociación exige «medidas urgentes para no abandonar» a las 414.922 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.
Los gerentes de servicios sociales denuncian «los recortes salvajes» en el sistema de atención a la dependencia, que cuantifican en 5.864 millones de euros acumulados desde 2012, y que han provocado dispositivos residenciales y de atención domiciliaria «escasos e insuficientemente dotados para afrontar el tsunami del COVID-19».
Consideran «imprescindible tomar medidas urgentes para no abandonar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad en el laberinto burocrático que están atrapados y que los mantienen en el limbo de la dependencia, generando un sufrimiento terrible tanto a ellos como a sus familias».
Recuerdan que 85 personas en situación de dependencia fallecen al día en España sin recibir la prestación o servicio al que tienen derecho (el 54 % de personas solicitantes tiene más de 80 años).
Además de exigir el cumplimiento del Pacto de Estado por la Dependencia, piden acometer reformas necesarias durante el estado de alarma como simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento, entre ellas.
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