En un comunicado, esta agrupación de agentes del sector y de la cadena de valor de los plásticos «apoya el objetivo general» del anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es reducir la comercialización de este material un 50 por ciento en el año 2026 y un 70 por ciento en 2030, ambos con respecto a 2022.
No obstante, considera que las medidas propuestas «no son las más adecuadas» y que se debe abrir un «diálogo fluido» entre las autoridades y el sector para abordar el impacto que la nueva regulación «va a tener sobre el empleo, teniendo en cuenta que esta industria da empleo directo de calidad a más de 90.000 personas e indirecto e inducido a más de 255.000».
«La economía circular consiste en reintroducir los plásticos reciclados en los productos y generar empleo y riqueza en el país, pero los objetivos fijados supondrán la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de competitividad de España respecto a otros países», subraya.
Para EsPlásticos, la pandemia provocada por la COVID-19 ha demostrado que «es fundamental y necesario que España tenga un sector industrial potente que pueda hacer frente a todas las necesidades sin depender de la producción exterior».
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calificado las medidas incluidas en el anteproyecto de «muy positivas» y espera que se respete el calendario de entrada en vigor, «ya de por si bastante generoso».
La OCU aplaude que «por primera vez en nuestro país verá la luz una normativa nacional centrada en la prevención y reducción de residuos plásticos, así como el uso eficiente de los recursos naturales».
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