En algunos países, sostiene la organización, se han impulsado medidas para invisibilizar a las personas trans y en otros, líderes de grupos políticos y religiosos han criminalizado al colectivo LGTBI como presunto responsable del coronavirus.
Todo ello «dispara las alarmas ante el retroceso de derechos en un año en que no pueden celebrarse las marchas del Orgullo», sostiene Amnistía en un comunicado.
Por ejemplo, en Israel o Turquía líderes religiosos aseguraron que la COVID-19 era un castigo divino por la homosexualidad y en Corea del Sur, un rebrote en una zona de locales LGTBI disparó la homofobia.
En Filipinas y Uganda se toleraron tratamientos humillantes y violencia contra el colectivo LGTBI bajo el pretexto de no cumplir los protocolos de la cuarentena.
En Hungría, explica Amnistía, el primer ministro Viktor Orbán sacó adelante una ley que prohíbe que las personas trans e intersexuales cambien su género en el documento de identidad.
En Perú, Colombia o Panamá, la desescalada se articuló de manera que había franjas diarias para que pasearan hombres y mujeres, por lo que las personas trans debían salir a la calle en función del género que indicara su documento, lo que les exponía a mayor discriminación, multas e incluso violencia policial.
La pandemia también ha afectado, dice Amnistía Internacional, a los procesos de transición de miles de personas transexuales, debido a las restricciones de atención médica impuestas por la pandemia.
«Sus tratamientos hormonales permanecen en limbo, la atención psicológica se ralentiza y las intervenciones se posponen. Todo ello impacta profundamente en la salud psicológica de estas personas», destaca la organización en un comunicado.
Las relaciones entre personas del mismo sexo aún se penalizan en 70 países y en 12 de ellos pueden ser castigadas con la pena de muerte.
Según la organización, entre 2008 y septiembre de 2019, más de 3.300 personas trans han sido asesinadas en 74 países.
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