Esas son algunas de las propuestas del informe que Iglesias someterá a estudio del resto del Gobierno, al que hemos tenido acceso y en el que se recoge que para luchar contra la pobreza y la desigualdad hacen falta «políticas redistributivas» que acompañen el crecimiento y desarrollo económico de España.
La apuesta por un plan de transición verde es otro de los ejes de la reconstrucción tras la crisis del coronavirus por el que apuesta el Informe de Progreso sobre la implementación de la Agenda 2030.
Un plan que el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales presentará también el miércoles ante la ONU en un acto con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, según han confirmado fuentes de la vicepresidencia segunda.
El texto propone asentar la «reconstrucción» con un paquete de medidas para el desarrollo de la Agenda 2030, entre las que destacan la universalización de la educación de 0 a 3 años, una ‘reindustrialización verde’, el impulso de la progresividad fiscal y el aumento de la capacidad recaudatoria para financiar el gasto social.
El documento también reivindica medidas tomadas por el Ejecutivo en sus primeros seis meses y durante la crisis del coronavirus y cita el refuerzo de la sanidad pública, los ERTE, la subida del salario mínimo, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la Ley libertad sexual o el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Alerta además de que la precariedad laboral, la desigualdad y la brecha salarial entre hombres y mujeres se verán agravadas por la crisis del coronavirus, y del retroceso del PIB, que, según la valoración del Ejecutivo, estará por encima del 9 % en 2020, con una caída brusca de la afiliación a la Seguridad Social y con una fuerte destrucción de empleo.
En este sentido, según el informe, es preciso tener en cuenta el efecto mitigador de medidas como el Ingreso Mínimo Vital del que, conforme a las estimaciones realizadas por el Gobierno, podrían beneficiarse solo en este año un millón de hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con una inversión de recursos públicos que estará por encima de los 3.000 millones de euros.
El texto concluye que son necesarias más medidas, especialmente unas políticas públicas robustas de protección social en el esfuerzo de no dejar a nadie atrás y mejorar los instrumentos de redistribución social de la riqueza.
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