En víspera de la huelga que empieza mañana martes en Valencia, la jornada empezó en Madrid con concentraciones en grandes hospitales – el Clínico San Carlos, la Jiménez Díaz, el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal, y La Paz-, donde denunciaron los servicios mínimos «abusivos e ilegales» decretados por la Comunidad de Madrid, del 100% para las guardias y que están recurridos judicialmente por «vulnerar el derecho a la huelga».
Coreando cánticos como «Isabel Ayuso, basta ya de abuso», «Lo llaman formación y no lo es, es explotación», y portando carteles como «Sueldos de becario, sin límite de horario», varios centenares de residentes ataviados con batas blancas marcharon por Madrid para terminar con una sentada, con sus manos atadas con vendajes, en defensa de sus derechos.
En el manifiesto recalcan que, tras «darlo todo antes y durante la pandemia», la respuesta es la «suspensión de vacaciones y días libres, amenazas internas en los hospitales, coacciones de todo tipo y una imposición unilateral de unos servicios mínimos ilegales».
«No van a conseguir callarnos ni arrebatar nuestro derecho a huelga», según el manifiesto. «No vamos a parar hasta que nos escuchen. No es una cuestión puntual, ocurre aquí y en el resto de España».
La residencia es un periodo «de trabajo y aprendizaje y no de angustia y pavor» con miedo a cometer «un error que cueste la vida a alguien» por la deficitaria supervisión de estos jóvenes por médicos hospitalarios durante las guardias, denuncia el manifiesto.
De ahí que pidan más supervisión, mejoras retributivas, derecho al descanso tras las guardias, recuperar la paga extraordinaria, espacios adecuados para descansar en el hospital, entre otros.
El viernes el Comité de Huelga se reunió con la Comunidad, que «apenas presentó dos medidas económicas», que son «insuficientes», según el sindicato de médicos Amyts, que pide «volver a sentarse para alcanzar acuerdos reales».
Por otra parte, CCOO ha ganado un recurso ante el TSJM que reconoce el derecho de una residente a cobrar dos pagas extraordinarias, abriendo la puerta a que «todos los residentes» puedan requerirlo judicialmente.
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