Estos datos constan en el conjunto de los registros de la propiedad de toda Cataluña, según inscripciones hechas entre los años 1946 y 2015, gran parte de ellas en Lleida (58 %).
Se trata de las llamadas inmatriculaciones, de fincas rústicas (41 %) o construcciones dedicadas al culto en su mayoría (50 %), como templos, ermitas, cementerios, capillas, conjuntos eclesiásticos y santuarios.
El resto de inscripciones son de edificios (9 %) como rectorías, garajes o palacios.
Las comarcas leridanas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alt Urgell son las tres comarcas más afectadas de toda Cataluña por esta política de la Iglesia católica y los municipios con más inmatriculaciones son Pont de Suert (Lleida) y Olesa de Bonesvalls (Barcelona), con 82 cada uno.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y la consellera de Justicia, Ester Capella, han dado a conocer hoy públicamente estos datos en una rueda de prensa celebrada en la finca donde se encuentra la ermita y la casa del Campaner de Sant Pere de Vallhonesta, a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).
La inmatriculación de este lugar por parte del Obispado de Vic (Barcelona) fue denunciada en 2018 por el sindicato agrario Unió de Pagesos, que alertó de estas actuaciones y de que las mismas podían causar «indefensión» a los agricultores afectados.
El Obispado de Vic aseguró en aquel momento que se había aportado documentación a la hora de instar la inmatriculación de ermitas, como visitas pastorales, consagraciones de iglesias antiguas o recibos de luz.
La ermita de Sant Pere de Vallhonesta ha sido restaurada y ocupada por un centro excursionista desde hace muchos años, como hoy ha recordado la alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, en el mismo acto, al que también ha asistido la delegada del Govern en la Cataluña central, Alba Camps, y el director de Derecho y de Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí.
El Departamento de Justicia ha creado la Oficina de Mediación sobre inmatriculaciones, que es un servicio del Centro de Mediación de Cataluña, dirigido a la Iglesia y a las personas y entidades que reclamen la propiedad de los bienes inmatriculados sin título de propiedad.
Organizaciones como la citada Unió de Pagesos y la Asociación de Micropueblos de Cataluña han reclamado públicamente la titularidad de diversos bienes inmatriculados por la Iglesia en los últimos años en Cataluña.
La mayor parte de estos bienes son lugares de culto ubicados en propiedades privadas y solares rústicos así como equipamientos deportivos y plazas públicas alrededor de iglesias y rectorias.
La inmatriculación es el registro de un bien inmueble por primera vez, y reconoce en el Registro de la Propiedad la titularidad de la iglesia sobre él, aunque esta no disponga de la documentación y las escrituras que lo acrediten.
En cambio, si el hasta entonces considerado legítimo propietario quiere recuperar la finca inmatriculada, debe acudir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece.
El Departamento de Justicia promueve la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública orientada a recuperar los bienes que hayan de ser disfrutados por el conjunto de la sociedad, para apoyar a los municipios que reclaman fincas o edificios inmatriculados.
Los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene su origen en la Ley Hipotecaria que se aprobó el año 1946, durante la dictadura de Franco, vigente hasta diciembre de 2015, y que establecía que la Iglesia, al igual que la administración, podía inmatricular una finca a pesar de no tener ningún título que acreditara la propiedad, según ha recordado hoy la Generalitat en un comunicado.
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