Además, se constituirá otro grupo de trabajo que analizará los métodos que se utilizan para determinar la edad de personas indocumentadas de cuya minoría de edad se duda o cuando se trata de personas menores de cuya edad exacta se desconoce.
Lo han acordado el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que se han comprometido a ello ante el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán,.
En ambos grupos se integrarán representantes de las instituciones involucradas y expertos, con el objetivo de elaborar sendos textos que den «respuesta a estos temas, de máxima sensibilidad dentro de la protección de los menores, antes de que finalice 2020», explica el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Justicia añade que el Gobierno «tiene como uno de sus objetivos inminentes y prioritarios trabajar para garantizar los derechos y el bienestar de los menores», como demuestra el reciente proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes.
«Debemos trabajar con el máximo consenso con las comunidades autónomas, abordando estos temas conjuntamente en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de la Conferencia Sectorial de Justicia», ha precisado Pablo Zapatero.
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