Según ha indicado a Catalunya Ràdio el diputado y portavoz de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, la modificación que proponen tiene como finalidad reducir el ámbito de aplicación del delito de sedición por el que han sido condenados los presos independentistas catalanes.
En la propuesta, se desea vincular el delito con el hecho de que se produzca violencia explícita, lo que significa el uso de armas u otros instrumentos «aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves».
La intención de los comunes, ha explicado Asens, es la de «desactivar» no sólo el delito que fue la base de la condena a los presos independentistas, sino también tratar de impedir que en el futuro pueda ser utilizado contra movimientos sociales y activistas.
Asens ha explicado que, si bien los comunes y el grupo de UP prefería abolir el delito de sedición del Código Penal, son «realistas» y saben que no cuentan con la mayoría suficiente en el Congreso para impulsar esta medida.
Modificar el delito de sedición para que esta reforma se pueda aplicar de forma retroactiva a los políticos presos por el referéndum del 1-O forma parte de los objetivos anunciados por el Gobierno de PSOE-UP cuando empezó la legislatura.
A pesar de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvó, llegó a indicar antes de la pandemia que la reforma estaría lista antes de que acabara el año, los comunes temen que se pueda retrasar y que no se apruebe hasta después de 2020, ha señalado Asens.
La propuesta de los comunes incluye la modificación del texto del artículo que prevé el delito de sedición en el Código Penal, de forma que donde dice «alzamiento tumultuario» quede sólo «levantamiento», además de reducir el ámbito de aplicación al uso de armas u otros instrumentos que pongan en riesgo «la vida de las personas».
Otro elemento que los comunes desean eliminar del Código Penal es que en el mismo no se prevean penas de prisión o multas para los piquetes de huelga.
Según Jaume Asens, la propuesta de su grupo se ha entregado al PSOE, así como también a los sindicatos CCOO y UGT y a Òmnium Cultural, y considera que resulta «muy asumible» para sus socios en el Gobierno del Estado.
El portavoz de los comunes en el Congreso se muestra reacio, en cambio, a la propuesta de los partidos independentistas de aprobar una amnistía, ya que considera que resulta difícil su «encaje jurídico» y al final dejaría el asunto en manos del Tribunal Constitucional.
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