CC. OO. ha tildado de «una vergüenza» que esta adjudicación se hiciera «con nocturnidad», después de que el contrato se adjudicara el 7 de agosto «por procedimiento sin publicidad» y una vez que la Dirección General de Salud Pública madrileña anunciara «la dificultad para cubrir los puestos ofertados» y recurriera a universidades y municipios en busca de voluntarios no remunerados.
El servicio consiste en la «realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la o las exposición/es de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser transmisor» de la enfermedad, según el contrato.
«Dada la importancia de los servicios a realizar y por tratarse de una emergencia de carácter inaplazable, la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es Quirón Prevención, S. L., que cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio», explica la resolución firmada por la directora general de Salud Pública madrileña, Elena Andradas.
El equipo se compone de «10 auxiliares de enfermería y 1 médico en turno de mañana, y de 10 auxiliares y un médico en turno de tarde», en horario de 9:30 a 21:00 horas de lunes a viernes no festivos, con un descanso para comer de hora y media, según el escrito, que establece que el número de encuestas a realizar diariamente será de «al menos 190 a 220 horas».
La secretaria general de CC. OO. Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha tachado de “desfachatez” esta contratación, ya que la adjudicación, «realizada por vía de emergencia, sin publicidad y fechada el pasado viernes 7 de agosto, tendrá una duración de tres meses y un importe máximo de 194.223,15 euros», añade el sindicato.
Este sindicato critica que «primero intentan buscar rastreadores voluntarios sin retribución y, una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas sí puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada”, señala Cuadrado. “Una vez más, se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es adjudicar contratos con total ‘oscurantismo’, de los que nos enteramos tiempo después, si es que nos enteramos, en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la Sanidad Pública madrileña”, añade. La máxima responsable de CC. OO. Sanidad Madrid recuerda que los rastreadores tenían que haber estado contratados, tal y como se comprometió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada. “Denunciamos que no tenían contratados ni el 4 % de lo prometido: hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública y hemos mantenido que, de los 400 anunciados –cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid-, no llegaban al 8 % por técnicos de Salud Pública contratados», continúa.
El sindicato también denuncia que la situación de «plantillas infradotadas en Atención Primaria tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid”, según Cuadrado. “Todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la sanidad privada, en detrimento de la pública y de la salud de los ciudadanos”, concluye.
AM