Es la denuncia de esta asociación que ha querido hacer pública este lunes en un comunicado en el que asegura que el Tribunal de Cuentas, en línea con los dictámenes e informes del Observatorio de esta asociación, «corrobora» esta situación que se está produciendo desde el inicio de la ley y hasta finales de 2018.
Un periodo en el que, según señala la asociación, se han registrado 6.872.172 solicitudes y 3.839.016 beneficiarios.
La asociación hace estas consideraciones, según sostiene- tras tener acceso al anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la ley 39/2006 elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que analiza la gestión desde marzo de 2013 hasta diciembre de 2018.
Analizado este informe «»demoledor de fiscalización», desde el Observatorio Estatal para la Dependencia se realizan una serie de apreciaciones basadas en las consideraciones del Tribunal de Cuentas y entre ellas es que el que se ratifica que la aportación del Gobierno para Dependencia es del 17,45 % del coste total del sistema.
La asociación llama la atención sobre el sistema de control del Imserso con «expedientes publicados», «transferencias indebidas» y «duplicidad en los pagos realizados», y también en las «incoherencias en el sistema de información» con un número de expedientes que no coincide -dice- con la realidad.
La asociación denuncia que en el sistema de información existían 199.956 expedientes no coincidentes, debido a la «deficiente calidad» de la documentación remitida, lo que «afecta al cálculo del nivel mínimo».
Y que el TC ha determinado que las medidas adoptadas por el Imserso para lograr la homogeneidad de la información de los beneficiarios de las prestaciones de dependencia «no han resultado eficaces ni adecuadas, desde un punto de vista económico».
Como consecuencia de ello, el Tribunal de Cuentas considera que las recomendaciones al Imserso han sido incumplidas.
El Tribunal ha verificado, además, y de ello da cuenta la asociación que, con carácter general, en todos los ejercicios del periodo objeto de fiscalización la participación de las comunidades a la financiación del SAAD ha sido superior a la financiación recibida de la Administración General del Estado.
AM