«La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida», han indicado los obispos este viernes en un comunicado.
La Conferencia Episcopal ha criticado que la tramitación parlamentaria se haya realizado «de manera sospechosamente acelerada, en tiempo de pandemia y estado de alarma, sin escucha ni diálogo público» y ha lamentado que instaure «una ruptura moral» en los fines del Estado, que pasa «de defender al vida a ser responsable de la muerte infringida».
También un cambio en la profesión médica, «llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca a provocar intencionadamente la muerte».
En este sentido, han solicitado «a cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia».
Asimismo, han asegurado que la eutanasia «incita a la muerte a los más débiles», según la experiencia de los países donde se ha legalizado.
«Al otorgar este supuesto derecho, la persona, que se experimenta como una carga para la familia y un peso social, se siente condicionada a pedir la muerte cuando una ley la presiona en esa dirección. La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y sólo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos», han añadido.
Los obispos han llamado una vez más a la promoción de los cuidados paliativos y al acompañamiento integral del enfermo y han hecho hincapié en que la pandemia ha suscitado «indignación por el descarte en la atención a personas mayores».
Y han convocado a los católicos a una jornada de ayuno y oración el día 16 de diciembre «para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana». EFE
M.M.