Así se lo ha trasladado este lunes la ministra de Igualdad a la nueva Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, durante un encuentro en el que ambas han coincidido en la necesidad de establecer un marco de colaboración y de trabajo conjunto de ambas instituciones.
Montero ha explicado durante la reunión que se deben aplicar con urgencia los nuevos avances legislativos en la protección de los niños y niñas ante situaciones de violencia de género y se ha referido a la Ley Orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que incorpora la suspensión del régimen de visitas «ante la sospecha de violencia de género».
Esta ley, que entra en vigor el próximo 25 de junio, establece que cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existan indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia, la autoridad judicial suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado.
También indica, no obstante, que la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación.
Otra ley, la que eliminó la incapacitación judicial de las personas con discapacidad, señala que se suspenderá el régimen de visita cuando el progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del otro cónyuge o sus hijos o cuando haya indicios fundados de violencia doméstica o de género.
La ministra de Igualdad considera imprescindible que este avance normativo venga acompañado de instrucciones para aplicar esa suspensión del régimen de visitas del maltratador ante cualquier indicio de violencia, la prohibición del falso Síndrome de Alienación Parental y el derecho de los menores a ser escuchados.
Montero ha trasladado a Peramato la puesta en marcha del Plan de Mejora y Modernización de los mecanismos de atención a las víctimas de violencia machista, un documento donde los agentes que forman parte del Pacto de Estado están evaluando los fallos en cuanto a detección, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia, con el objetivo de elaborar una propuesta de mejora.
En el encuentra han participado también la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
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