Así lo ha manifestado en una rueda de prensa la titular de Derechos Sociales, Noemí Santana, después de que varios medios locales se hayan hecho eco este martes del contenido de esa denuncia anónima, que Infancia recibió el 31 de mayo a través de un correo electrónico.
Dada la gravedad de lo que exponía ese mensaje, la Consejería promovió una investigación interna, ya culminada, en cuyo desarrollo colaboró la ONG que gestiona el recurso, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y la sección del Menor de la Policía Canaria, y cuyas conclusiones, convertidas en denuncia formal, se trasladaron a la Sección de Menores de la Fiscalía.
Santana ha recalcado que para el departamento que dirige es prioritario cerrar los dispositivos provisionales habilitados en alojamientos turísticos por la urgencia derivada del repunte migratorio que afecta a Canarias desde finales de 2019, y por el que el Gobierno regional ha llegado a tutelar hasta 2.700 menores extranjeros no acompañados, lo que ha desbordado todas sus capacidades.
Por ello, ha informado de que de las 170 plazas que se llegaron a ocupar en estos apartamentos ubicados en la localidad turística de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán, solo quedan en uso 121, aunque a lo largo de esta jornada se prevé trasladar a 43 chicos a otros recursos más idóneos de la comunidad autónoma hasta poder cerrar definitivamente este dispositivo de emergencia a mediados de julio, como se hizo en mayo con el que operaba en el establecimiento «Tamanaco».
«Actuaremos con contundencia ante los hechos denunciados y quien debe resolver es la Policía y la Fiscalía, nosotros haremos un acompañamiento. Nos personaremos, por supuesto, en cualquier causa si se ve que hay indicios de esos delitos -posibles abusos y prostitución- pero hemos hecho lo que tenemos que hacer», ha aseverado la consejera, quien ha precisado que su departamento no ha recurrido a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil porque las competencias sobre menores recaen sobre la Policía Canaria.
Santana ha aseverado que la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, ha estado en permanente contacto con la Fiscalía del Menor en relación a la investigación interna realizada en Porto Bello.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias también ha afirmado que los responsables de la ONG que gestiona este recurso de acogida provisional han asegurado a Serrano que no han tenido conocimiento de la comisión de los supuestos delitos denunciados de forma anónima, ni por parte de sus trabajadores ni por ninguna otra vía.
Las declaraciones de la consejera canaria de Derechos Sociales se producen después de que la portavoz de la Fiscalía y fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, haya informado a Efe de que la Sección de Menores tomará declaración este martes al responsable del recurso de emergencia instalado en Porto Bello ante la denuncia anónima sobre supuestos delitos sexuales entre sus usuarios, de los que ha tenido conocimiento por varios medios locales. EFE
M.M.