El pleno del tribunal de garantías ha dictado una providencia en la que acuerda dar traslado al Congreso, Senado y Gobierno de la demanda y los documentos presentados, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. El ponente de la sentencia será Andrés Ollero, del bloque conservador.
Vox alega que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a denunciar a cualquier persona y cuenta la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años -y no 18 como ahora-. Además, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.
La norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales. EFE
M.M.