En un comunicado, explica que su proposición de ley busca garantizar la aconfensionalidad el Estado y avanzar hacia su laicidad y considera que hay un «amplio consenso social» para poner fin a los «privilegios» de la Iglesia católica en España, que considera una «anomalía democrática».
El grupo parlamentario plantea en ese contexto también eliminar la enseñanza de la religión del sistema educativo, recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica y promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en su seno.
Según recuerda, el Concordato entre España y la Santa Sede, firmado en 1953, rigió las relaciones entre el Estado y la Iglesia durante la dictadura y no fue derogado con la llegada de la democracia, aunque la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado.
«La Iglesia católica sigue disfrutando de privilegios escandalosos que vulneran la Constitución española. La jerarquía católica recibe cada año 11.000 millones de euros de las arcas públicas. Sin embargo, está exenta de pagar impuestos como el IBI. El paraíso de los obispos no está en los cielos. Es un paraíso fiscal y está en España», subraya el diputado Javier Sánchez Serna, promotor de la iniciativa junto a la también diputada Martina Velarde.
En opinión del grupo parlamentario, la ciudadanía española «no entiende que en un Estado aconfesional la Iglesia sea sostenida por fondos públicos y conserve privilegios en los ámbitos jurídico, económico, educativo o cultural”.
«En Unidas Podemos creemos que ha llegado el momento de acabar con estas prebendas que fueron negociadas y acordadas bajo la bota de la dictadura franquista nacional católica, concluyen. EFE
A.M.