El trabajo ha analizado la situación de 395 y 382 niños y niñas de entre 7 y 11 años, de Guipúzcoa y Valencia, respectivamente, dos áreas de riqueza y políticas de inversión muy diferentes, informa Fisabio en un comuniado.
Según la investigación, un mayor riesgo de pobreza y exclusión social se relaciona directamente con un aumento de problemas de salud mental en la infancia, y de forma indirecta también con el contexto físico y social, el estrés familiar y el perfil parental.
La Comisión Europea define la pobreza como el estado en el que hay una insuficiencia de recursos para vivir con dignidad, mientras que la exclusión social engloba a las personas a las que no se les permite participar en la sociedad a causa de sus características.
Para medir estos dos parámetros, el análisis ha contado con el indicador Arope (At Risk of Poverty or Social Exclusion), utilizado desde 2010 por la Unión Europea, indican las mismas fuentes.
Al relacionar Arope con la salud mental y el contexto familiar de los niños y niñas objeto de estudio, los resultados mostraron que el riesgo de pobreza y exclusión social se relaciona con más problemas de salud mental tanto de tipo 2 internalizante (como ansiedad, depresión o problemas somáticos) como externalizante (problemas de conducta o agresividad).
La relación entre el nivel de pobreza y exclusión social familiar y los problemas internalizantes y externalizantes se mostró determinada por el nivel de estrés parental.
También estaba afectada por el perfil parental, que incluye conceptos como la percepción que tienen las madres y padres de su rol en la crianza o los conocimientos que tienen sobre el desarrollo evolutivo.
La investigadora del área de Ambiente y Salud de la Fundación Fisabio Llúcia González explica que «conocer la extensión y magnitud de problemas como el riesgo de pobreza y/o exclusión social, el eje de transmisión de estas desigualdades o los mecanismos compensatorios que puede proporcionar el entorno familiar, podrían contribuir a mejorar los síntomas de problemas internalizantes y externalizantes».
La investigación subraya que los sistemas sociales próximos a los niños -como la familia, la escuela u otras redes sociales- pueden contribuir al desarrollo de mecanismos de protección que compensen el efecto de las condiciones estructurales desfavorables en la infancia.
Así, el trabajo enfatiza en la importancia de adoptar medidas políticas y estructurales de protección a la infancia frente a la pobreza que mejoren las condiciones de vida de los niños.
Algunas de ellas implicarían mejorar el servicio de búsqueda de empleo, evitar el sistema educativo dual que segrega a los que tienen más recursos de los que no los tienen, incrementar el salario mínimo interprofesional o eliminar la pobreza energética, entre otras.
No obstante, según indica González, primera firmante del artículo, «estos cambios profundos y estructurales pueden no ser factibles a corto plazo, por lo que para rebajar los problemas de salud mental podemos poner en marcha otras medidas indirectas, entre ellas, la aplicación de programas de parentalidad positiva». EFE
M.M.