La propuesta del PSOE de abolir la prostitución y multar a los clientes y la introducción en el proyecto de ley del «solo sí es sí» de dos artículos con los que el Ministerio de Igualdad quiere penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y a quien se lucre con el alquiler de locales para ejercerla (la tercería locativa) han avivado de nuevo el debate.
ABOLICIÓN SÍ O NO
Organizaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) defienden desde hace años que las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen por elección propia.
«Nosotros no vemos a una mujer que elija estar ahí, vemos que hay una mercantilización de cualquier ser humano», opina a Efe la directora de Apramp, Rocío Mora, que asegura que el 98 % es víctima de trata y explotación sexual, con lo que solo el 2 % lo haría sin coacción y por elección.
Mora urge a aprobar una ley de trata, tal y como recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que dé protección a estas mujeres, no las considere delincuentes sino víctimas y sí penalice al proxeneta.
«Hay que acercarse a la realidad y dar soluciones; las soluciones están puestas sobre la mesa, creo que hay que legislar; perder el tiempo entre regular, abolir o prohibir al final me parece que no es tener ninguna gana de avanzar», incide Mora.
Afirma que ante una «realidad tan aplastante» los partidos tienen que llegar a un acuerdo y que la abolición protegería a las mujeres y no daría «manga ancha» a las personas que las mercantilizan. «En estos momentos cualquier persona puede abrir en su casa un prostíbulo», recalca.
Sin embargo, para la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, cerca del 93 % de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace porque quiere, según indica en declaraciones a Efe.
De hecho, subraya que si hubiera más del 90 % de mujeres obligadas «cabría preguntarse qué pasa con los servicios policiales de este país» que no lo solucionan, e insta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a reunirse con ella para dialogar y presentarle a «las miles» de mujeres que están en el sindicato y no quieren hacer otro «trabajo» que no sea el de la prostitución.
En este sentido, lanza una serie de cuestiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre qué va a hacer con las 400.000 mujeres que se van a quedar sin empleo si se opta por abolir la prostitución. «¿Dónde las van a recolocar? ¿qué van a hacer con ellas? ¿las que no tienen papeles las van a meter en un CIE y las van a deportar? ¿cual es el plan?».
DIFÍCIL CALCULAR UNA CIFRA
El informe de Médicos del Mundo «La prostitución como forma de violencia de género» sostiene que es «difícil» calcular el número de mujeres en situación de prostitución que hay en España pero añade una estimación de alrededor de 350.000, de las cuales el 80 % son extranjeras en situación irregular.
Para la ONG, esta cifra «evidencia» la conexión existente entre la prostitución y la migración, y sobre todo la influencia de la situación administrativa y las condiciones económicas.
De hecho, Igualdad cree en la necesidad de reformar la ley de extranjería para que las víctimas de trata y explotación sexual puedan acceder a derechos fundamentales como un trabajo, vivienda, salud o educación.
DEBATE ABIERTO
Son varios los grupos parlamentarios que defienden el libre ejercicio de la prostitución y la libertad de las mujeres a la hora de disponer de su propio cuerpo como ERC, JxCat y CUP, por lo que han enmendado esos artículos del proyecto de ley, que se encuentra en tramitación parlamentaria.
Incluso dentro del mismo grupo de Unidas Podemos hay disenso: En Comú Podem también ha registrado una enmienda de supresión de los dos puntos y sostiene que reformar el Código Penal para introducir la tercería locativa «mantiene, e incluso refuerza, la falta de consideración hacia el consentimiento, la voluntad y la capacidad de autodeterminación de las personas que ejercen la prostitución».
La ministra de Igualdad aseguró en su última comparecencia en el Congreso, el pasado miércoles, que al perseguir el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa España cumple mandatos internacionales y no pretende resolver el debate entre abolicionistas de la prostitución y defensores de los derechos de las mujeres.
«Yo pretendo legislar para proteger los derechos de las mujeres y perseguir a la industria proxeneta», aseguró Montero, que se mostró convencida de que hay un consenso mayoritario en el país.
MULTAS CON LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
Sin embargo, para Igualdad, multar a los clientes de la prostitución, como permite la ley de seguridad ciudadana, no sirve para que haya menos sino que hace falta ir directamente al origen, es decir a la industria proxeneta.
En concreto, el artículo 36.11 de esa ley cataloga como falta grave “la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.
Según los datos del Ministerio del Interior, desde 2015, cuando se aprobó la norma, se han registrado 2.060 sanciones con una cuantía de 1,23 millones de euros.
Por años, las sanciones fueron: en 2015, 135 (por un total de 79.628 euros); en 2016, 530 (317.427 euros); en 2017, 585 (351.582 euros): en 2018, 595 (356.393); en 2019, 130 (78.328); y en 2020, 85 (51.085). EFE
Berta Pinillos