Según fuentes de Unidas Podemos, los dos socios de Gobierno siguen avanzando en la tramitación parlamentaria de esa reforma que lleva paralizada desde septiembre de 2020, cuando la mayoría de los grupos apoyó una proposición de ley del PNV, la misma que estaba en tramitación cuando se convocaron las elecciones de 2019.
Desde entonces, se han ido sucediendo los plazos de enmiendas hasta este momento. Los partidos que respaldan al Gobierno pretenden que esos plazos ya no se amplíen más y negocian los cambios en la ley hasta el 3 de noviembre, si bien Unidas Podemos admite que «quedan importantes puntos que discutir».
Uno de los más controvertidos desde la entrada en vigor de la ley, en julio de 2015, ha sido la disposición adicional décima relativa a las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, un precepto que, sin embargo, avaló el Tribunal Constitucional.
Unidas Podemos y PSOE han acordado este viernes, según fuentes de la primera formación, que la nueva ley de Seguridad Ciudadana omita cualquier mención a asuntos de extranjería y fronteras y que estas referencias queden en el ámbito de la legislación de extranjería.
Junto a este paso, ambos partidos también trabajan en cambiar la redacción de otros puntos polémicos como los tiempos de identificación en comisaría a fin de que la nueva norma regule que el periodo para identificar en comisaria a una persona no exceda las dos horas.
Según fuentes de Podemos, proponen que salvo «causa excepcional debidamente alegada y verificable», la identificación en dependencias policiales sea «excepcional» y que una vez concluida «la persona identificada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría».
El importe de las multas también está sobre la mesa de la negociación de los cambios de la ley Mordaza, con el objetivo de reducir las cuantías que son excesivas y de aplicar las mismas con criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del sancionado.
Los cacheos o registros corporales policiales también se retocarán, un precepto que ya estaba previsto cuando la reforma se vio truncada.
La nueva norma determinará que esta práctica policial solo se podrá hacer cuando existan «indicios concretos y comprobables» y en todo caso, cuando impliquen dejar a la vista parcialmente el cuerpo, deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidada del administrado, fuera de la vista de terceros.
Además de estos aspectos, Unidas Podemos apuntó ayer otros dos puntos consensuados, si bien fuentes parlamentarias recuerdan a EFE que estas modificaciones ya habían sido pactadas en la anterior reforma y que contaban con un amplio respaldo parlamentario.
Así, se suprimirá la prohibición de la toma y difusión de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones u operaciones policiales sin su autorización, un precepto que fue anulado por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia en la que avaló el grueso de la ley mordaza.
Según Unidas Podemos, atendiendo a las reclamaciones de los profesionales de los medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias.
En cuanto al derecho de reunión, de acuerdo con la misma fuente, se garantiza la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de reunión, «sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica». EFE
A.M.