Por 21 votos a favor y 16 abstenciones, de PP y Vox, la iniciativa del Gobierno será remitida ahora para su debate al Pleno de la Cámara Baja, el próximo 16 de diciembre.
Entre el más de un tercio de enmiendas incorporadas al texto inicial, Cs, PSOE y Unidas Podemos han consensuado que los centros de educación que imparten Formación Profesional puedan ofertar cualquiera de las modalidades contempladas en el proyecto de ley.
Asimismo, ha explicado la diputada del PNV, Josune Gorospe, se ha llegado a un acuerdo para fijar el mencionado periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2028 del sistema de becas a contratos en la FP intensiva, quedando «explícito» que las becas serán remuneradas para «evitar posibles abusos de esta fórmula».
Otra de las novedades introducidas es que será incompatible la estancia formativa y la contratación laboral con la misma empresa durante este período, salvo que la estancia se formalice por sí misma con un contrato formativo específico.
También se ha aceptado una de las propuestas de EH-Bildu para que los centros de FP Básica y de Grado Medio tengan servicios de orientación psicopedagógica.
A instancias de Cs, cada cuatro años se realizará un estudio a nivel nacional sobre la oferta de ciclos formativos y su adecuación a la demanda de los alumnos, su porcentaje de empleabilidad y las necesidades del sector público y privado.
Se ha introducido también, a petición e Teruel Existe, que se favorezca la oferta de estas enseñanzas en entornos rurales y en zonas de declive demográfico, creando las adaptaciones necesarias para atender las condiciones y necesidades específicas del territorio.
Pese a la insistencia de algunos grupos en aminorar la duración de la formación en la empresa a menos de 25 % -cuando la FP es general, no intensiva-, el porcentaje se mantendrá entre el 25% y el 35% de la duración total.
La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, ha subrayado que esta ley orgánica, eminentemente técnica, es de consenso «en la forma y en el fondo», por lo que ha lamentado las 16 abstenciones en la votación: » No hay motivos para ello, es una ley de Estado».
Por otro lado, Óscar Clavell ha coincidido en la necesidad de modernizar y europeizar la Formación Profesional, pero ha lamentado que «no tenga memoria económica» y que sea una norma «excesivamente vinculada a los fondos europeos. ¿Qué va a pasar cuando ya no estén?. EFE
A.M.