El 25 de diciembre pasado se cumplieron seis meses de la entrada en vigor la ley que garantiza una ayuda médica para morir a aquellas personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento «constante e intolerable».
La aprobación de esta ley -que recibió el visto bueno del Congreso el pasado 18 de marzo con un amplio apoyo- fue celebrada por los colectivos que llevan años defendiendo el derecho a una muerte digna, y que ya en su día advirtieron de que estarían vigilantes para garantizar que la norma se cumpla y la ayuda llegue a quienes cuentan con los requisitos.
CATALUÑA Y PAÍS VASCO, LAS ÚNICAS QUE HAN PUBLICADO DATOS
Medio año después es difícil analizar el cumplimiento de la ley porque solo Cataluña y País Vasco han dado a conocer el número de solicitudes presentadas y las eutanasias que se han realizado.
Hasta finales de noviembre un total de 53 personas habían pedido la eutanasia en Cataluña, la mitad de solicitudes (28) habían sido aprobadas -solo 3 denegadas- y 24 ya han recibido la asistencia para una muerte digna.
La secretaria general del Departamento de Salud, Meritxell Masó; la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Azucena Carranzo; y el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, Albert Tuca, ofrecieron una rueda de prensa para informar de estos casos.
En Euskadi, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y el viceconsejero, José Luis Quintas, comparecieron a petición propia en el Parlamento para informar de la aplicación de la ley. En este territorio, 13 personas han accedido a la ayuda y otras 12 están a la espera de recibir la prestación.
Hasta el 10 de diciembre se recibieron 34 solicitudes y ocho personas fallecieron antes de que pudieran ejercer este derecho, mientras que se le ha denegado la prestación a una persona.
Esta transparencia contrasta con el resto de comunidades, que mantienen silencio con respecto a las eutanasias realizadas y que, en el caso de la Comunidad Valenciana y Canarias, ni siquiera han hecho público el nombre de los componentes de la Comisión de Garantías y Evaluación, encargados de autorizar cada caso.
Así lo denuncia, en una entrevista con Efe, el presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, para quien la aplicación de la ley es muy distinta según la región.
DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES PARA ACCEDER A LA AYUDA
«Hay comunidades que están facilitando mucho más el uso efectivo de este derecho reconocido en la ley y lo están facilitando a muchos niveles, desde la formación a profesionales hasta el cumplimiento de los plazos», indica.
Entre ellas, Velasco destaca precisamente a Cataluña y País Vasco, mientras que lamenta que Andalucía y Madrid hayan tardado cuatro meses en constituir su Comisión de Garantías y Evaluación, lo que ha provocado que los ciudadanos de estas dos comunidades hayan tenido que esperar más de la cuenta para acceder a este derecho. «Es inadmisible».
Otra muestra de la desigualdad entre territorios la viene observando en DMD desde la entada en vigor de la ley. «Nos llegan casos de comunidades en los que a los pacientes se les deniega la solicitud aduciendo que no cumplen los requisitos, mientras que en otras regiones casos muy similares se han admitido».
Esto supone -lamenta- que «según dónde te toque vas a tener más o menos ‘suerte’ y, cuando hablamos de un derecho, debería ser algo más objetivo».
FALTA DE INFORMACIÓN Y DE FORMACIÓN ENTRE LOS SANITARIOS
Velasco sí que cree que hay algo común a todas las comunidades autónomas: la falta de formación e información de los médicos. «Muy a menudo los profesionales que reciben una solicitud no saben qué hacer con ella y así se lo hacen saber al ciudadano, a veces objetando, y eso lleva a retrasar los trámites».
Cuando un médico recibe una solicitud y va a objetar -explica- debe pasar esa solicitud a su inmediato superior, «pero nos consta que muchas veces no ocurre así y es el solicitante el que tiene que acudir de un médico a otro y eso está muy generalizado. Es falta de información y de formación por parte de los profesionales y crea muchas trabas de agilidad».
En su opinión, esto se debe a que la mayoría de las comunidades no han informado a los sanitarios. «Estamos recibiendo solicitudes de información por parte de los profesionales, cuando esa labor la debería hacer la administración».
«Nos escriben médicos que han recibido una solicitud que les parece viable y dicen que no saben qué hacer con ellas, no saben dónde enviarla», denuncia.
En general -concluye- la información es muy deficitaria y eso conlleva retrasos.
RETRASOS QUE PROVOCAN UN GRAN SUFRIMIENTO
Este fue el caso, por ejemplo, de una mujer de 83 años en Zaragoza, uno de los pocos que salió a la luz.
La mujer arrastraba una luxación de cadera congénita que, con los años, había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad alguna de mejora; permanecía postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor, atendida por su familia pero con dolores constantes.
Solicitó la ayuda para morir pero, según DMD, los profesionales que la atendieron dijeron que no conocían la ley y no intentaron comprender la situación de la mujer, por lo que ni siquiera se llegó a tramitar la solicitud en el centro de salud.
Después de cuatro meses pidiendo «desesperadamente» la eutanasia, el pasado mes de noviembre se suicidó.
A juicio de Velasco, todas estas trabas contribuyen a alimentar el «tabú» de la eutanasia. «Hay que naturalizar la muerte -concluye-, se ha reconocido un derecho más, que no obliga a nadie, ni a profesionales, ni a ciudadanos, y lo que queremos es que se naturalice, como el aborto, los divorcios o los matrimonios del mismo sexo». EFE
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