La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó en varias ocasiones su intención de que el borrador de la reforma estuviera listo a finales del ya extinto 2021, y entre otras cosas, apuesta por incluir dos formas de violencia contra la mujer hasta ahora no están reconocidas como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada.
Es una reforma que el Ministerio lleva meses negociando con los colectivos implicados, además de haber abierto en septiembre una consulta pública en la que se indicaba que el objetivo era acabar con los «obstáculos» que dificultan el ejercicio del derecho al aborto y eliminar el «estigma» que aún soporta.
Igualdad reconocía en la consulta que la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo actual -aprobada en 2010- había aportado «notables» avances, pero alertada de determinados datos del Ministerio de Sanidad, como que en 2019 el 87,1 % de los abortos se realizó en entornos extrahospitalarios y que, de ellos, un 79 % tuvieron lugar en centros privados.
Además, en ocho provincias no se había llevado acabo ningún aborto.
Esos datos, según Igualdad, evidencian problemas para garantizar la «accesibilidad, gratuidad y equidad territorial» en la interrupción voluntaria del embarazo».
Por eso Montero ha defendido en varias ocasiones la necesidad de reformar la norma para que las mujeres que quieran interrumpir de forma voluntaria su embarazo no tengan que ser derivadas a centros privados desde hospitales públicos por acogerse los médicos a la objeción de conciencia.
Para conjugar el derecho de las mujeres a abortar y el de los médicos a la objeción de conciencia, en una entrevista con Efe la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, apostó por crear un registro «anticipado y por escrito» de todos los profesionales que renuncian a practicar abortos, similar al que contempla la ley de eutanasia.
En su momento, en septiembre, la titular del Ministerio de Sanidad, Carolina Darias, dijo que su departamento no tenía «ninguna intención» de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios para no practicar abortos y abogó por compatibilizar ambos derechos.
En cuanto a la violencia obstétrica, Igualdad, en la consulta pública, indicaba la necesidad de unificar y actualizar los protocolos de atención al parto para que se adecuen a lo establecido en la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, en coherencia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con garantía del enfoque de género.
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) consideró en un comunicado «inapropiado, tendencioso e injusto» hablar de «violencia obstétrica», un término que rechaza por su «significado jurídico doloso», ya que implica que hay intención de causar daño.
Además de incluir la educación sexual integral con enfoque de género en todas las etapas, el borrador, tal y como han manifestado desde Igualdad en varias ocasiones, eliminará la necesidad del consentimiento paterno que se exige a las chicas de 16 y 17 años que quieren abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015 y que el PSOE también quiere borrar.
El Ministerio liderado por Unidas Podemos tiene por delante culminar la negociación con su socio de gobierno para sacar adelante el texto final, con discrepancias de partida. El PSOE ve imprescindible eliminar el consentimiento paterno para esas menores, pero su portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja, le dijo a Montero durante una de sus comparecencias parlamentarias que el resto de cuestiones «no requieren una reforma legal».
La secretaria de Igualdad socialista, Andrea Fernández, en una entrevista con Efe hace un par de semanas, aseguró que el compromiso del PSOE con la protección con el derecho al aborto «es innegable» y avanzó que cuando estudie el borrador de la reforma «se sentarán con el mejor ánimo posible», pero teniendo en cuenta el partido es «muy proteccionista» con respecto de esta ley. EFE
A.M.