Las dudas surgieron con una disposición final en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, diseñado por el Ministerio de Justicia, que reforma la ley del IRPF.
Los cambios introducidos en ese anteproyecto, aseguran a Efe fuentes de Hacienda, no modifican el tratamiento tributario de las indemnizaciones que perciben las víctimas de accidentes de tráfico.
Según explican estas fuentes, la normativa vigente establece que están exentas del IRPF «las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida».
Es decir, cuando un accidente de tráfico no se judicializa y la indemnización deriva de un acuerdo entre las partes, que normalmente implica el pago a través de la aseguradora de la parte contraria, la exención de la indemnización está garantizada en los límites –»la cuantía legal»- que establece la normativa.
Los cambios que introduce el anteproyecto se refieren a «las condiciones que se deben cumplir para que accidentes distintos a los de tráfico puedan quedar exentos sin necesidad de acudir a la justicia», casos en los que se exigirá la intervención de «un tercer neutral» y que el acuerdo amistoso sea «elevado a escritura pública», precisa Hacienda.
Según este departamento, la reforma ofrece incluso «mayores garantías para que las indemnizaciones por accidentes distintos de los de tráfico sean declaradas exentas».
Pero esos requisitos no gustan a la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) ni al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERM), que en un comunicado conjunto piden que se eliminen porque «conllevarían costes adicionales que pueden incitar a las partes a acudir a la vía judicial en lugar de llegar a soluciones amistosas».
Según apuntan, el sistema de valoración de daños personales por accidentes de circulación se utiliza de forma orientativa y no vinculante para acordar de manera amistosa cientos de miles de indemnizaciones de responsabilidad civil distintas al caso del tráfico -sanitaria, patronal, profesional, familiar, particular, del cazador, etc- que se verán afectadas por la reforma.
Unespa y Cermi han defendido también que las indemnizaciones por accidentes de tráfico sigan exentas de tributación en su totalidad, tras una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de marzo del año pasado que, alertan, interpreta de forma restrictiva el concepto legal de daños personales indemnizables y dejaría fuera los daños patrimoniales.
Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por Efe ratifican su apoyo a todas las víctimas, recuerdan que el anteproyecto todavía no ha llegado al Congreso y aseguran que cuando esté en el Parlamento el Gobierno buscara «el máximo acuerdo y consenso con el resto de fuerzas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».
El anteproyecto está a la espera del informe del Consejo de Estado y el Ministerio, aseguran las fuentes, «sigue atento y dando audiencia a todos los sectores de la sociedad civil afectados por la reforma» y estudiará con detenimiento sus preocupaciones. EFE
A.M.