La nueva actualización, que ha sido comunicado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, en una reunión celebrada este miércoles, incluye 168 nuevos tipos de productos de prótesis externas de miembro superior y 212 tipos de prótesis externas de miembro inferior.
Además contempla 2 tipos de productos para agenesias (imposibilidad del desarrollo de un órgano en el desarrollo embrionario), un nuevo tipo de silla de ruedas no plegable que facilita una mayor autonomía a determinados pacientes que llevan una vida activa y un total de 27 nuevos tipos de prendas de presoterapia de baja elasticidad o inelásticas ajustables para el tratamiento del linfedema, que servirán de alternativa a las 49 tipos de prendas elásticas y complementos incluidos en la orden de 2019.
Esta orden completa la actualización del catálogo común, iniciada en 2019, de forma que se garantiza la equidad en su acceso a las personas que la necesitan en todo el territorio nacional y, según Sanidad, «la adecúa a las necesidades actuales y futuras».
La actualización, que ha contado con las aportaciones de las asociaciones de pacientes y del sector ortoprotésico, modifica la descripción del tipo de ortesis para dar cabida a productos que permitan una mayor adaptación de la ortesis a las características funcionales y morfológicas particulares de cada paciente.
Según Sanidad, la aplicación de la norma tendrá un impacto presupuestario anual de 15,35 millones de euros de los que la mayor parte (15,33) corresponden a la actualización del catálogo común en prótesis externas y agenesias.
Estos 15,33 millones representan un incremento del 8,1 % sobre el total de gasto correspondiente a toda la prestación ortoprotésica suplementaria, y del 1,2 % sobre el total de la prestación ortoprotésica, incluidos los implantes quirúrgicos.
La entrada en vigor de la norma será el día siguiente de su publicación en el BOE. Desde ese día, los responsables de gestión de la prestación en las comunidades autónomas, las mutualidades de funcionarios y el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) dispondrán de un plazo máximo de seis meses para adaptar sus catálogos de prestaciones a esta nueva norma.EFE
A.M.