El alto tribunal se pronuncia así en una sentencia publicada este viernes en el BOE y que estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la compañía Holaluz contra el real decreto que regula el bono social eléctrico.
En concreto, declara «la inaplicabilidad del régimen de financiación del bono social y del régimen de cofinanciación con las Administraciones Públicas de aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén en riesgo de exclusión social», establecidos en la Ley 24/2016 del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto-ley 7/2016.
Además, declara la nulidad de los artículos 13 a 16 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
Holaluz argumentó en su recurso que tanto el Real Decreto de 2016, sobre la financiación del bono social, como el de 2017, que lo desarrolla, son contrarios a la directiva europea por establecer obligaciones de servicio público «de forma no objetiva y discriminatoria».
El Supremo hace suya esta consideración y entiende que se produce un trato discriminatorio «al no imponerse la financiación a todas las empresas eléctricas sino exclusivamente a las empresas comercializadoras sin una justificación objetiva y razonable».
El bono social se configura como una obligación de servicio público que consta, por un lado, del descuento en el precio de la electricidad suministrada a determinados consumidores vulnerables, y, por otro lado, de la aportación financiera destinada a cubrir el coste de ese descuento.
La sentencia no cuestiona la prestación que el bono social implica, es decir, el descuento reglado que se aplica en la factura del consumo eléctrico, sino el sistema previsto en la ley para financiar el coste que ello genera.
En su demanda, Holaluz cuestionaba también la definición de consumidores vulnerables y la extensión de la obligación del bono social y la obligación de financiar descuentos del 25 y el 40 % de la factura, que encuentra «desproporcionados» y contrarios a la libre prestación de servicios. EFE