Además de reducir las dramáticas cifras de desempleo juvenil del país, con la tasa más alta de la Unión Europea, otro de los objetivos de esta legislación es facilitar que los adultos se puedan reciclar, certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral.
En España, más de 10 millones de personas activas no tienen una acreditación formal de sus competencias profesionales, a pesar de haberlas adquirido por experiencia laboral o vías no formales de formación. Desde el año 2009, el número total de personas acreditadas no supera las 300.000.
Con este nuevo sistema se busca que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.
Las principales novedades de la ley, a la que se destinarán 5.474 millones de euros para su implantación en cuatro años, son las siguientes:
– Todos los ciudadanos tendrán acceso a una oferta de formación, compatible con su situación personal o laboral que les permita:
• Adquirir nuevas competencias.
• Mantener actualizada su competencia profesional.
• Ascender en la especialización de su cualificación.
– Crea un sistema único organizado por grados de formación:
. Grado A: acreditación parcial de competencia
. Grado B: certificación de competencia
. Grado C: Certificado Profesional
. Grado D:Ciclos Formativos de F.P.
. Grado E: Cursos de Especialización (Máster)
Las nuevas ofertas permiten la adquisición de microformaciones que, sumadas, permitirán ascender por un continuo de formación y obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel.
• Cada estudiante contará con un Plan de Formación que detallará los resultados de aprendizaje en el centro y en la empresa.
. A partir del nivel C se generalizará la FP dual (combina la enseñanza en el centro con las prácticas en la empresa).
Todos aquellos que alcancen un Certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. Habrá dos tipos (general y avanzada) en función de la duración del periodo en la empresa; los resultados de aprendizaje asumidos por la empresa y si hay o no relación contractual.
En la primera, la duración oscilará entre un 25 y 35% de la duración de la formación, y en la segunda será de entre un 35 y 50% y habrá contrato.
CONEXIÓN CON LA UNIVERSIDAD
La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
La ley contempla el acompañamiento durante la formación o para aquellos que se replanteen su carrera. Habrá unidades de orientación profesional a los que podrá ir cualquier ciudadano.
En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias.
LAS CIFRAS
La ley lleva aparejada una memoria económica que contempla 5.474 millones de euros durante un periodo de cuatro años. De ellos, 1.550 proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.
Solo el 12 % de los jóvenes españoles opta por la FP, frente al 25 % en la OCDE y el 29 % en la Unión Europea.
El compromiso del Ejecutivo es poner en marcha 200.000 nuevas plazas de FP en cuatro años, de las que ya se han financiado 120.000 en el curso 2020-2021 y otras 60.000 durante este año.
La Ley Orgánica de Formación Profesional, que publicó el BOE el pasado 1 de abril, se aprobó en las Cortes el pasado 23 de marzo con el único voto en contra del PP. EFE