En las últimas semanas se ha registrado una especie de carrera extraoficial entre varios gobiernos para ver quien puede, de manera más virtuosa, prohibir a qué persona en qué territorio y en base a qué displicentes excusas.
Hace poco, las autoridades canadienses anunciaron que impedirían a George Galloway, miembro del Parlamento británico, cumplir con sus compromisos para una gira de conferencias que pensaba realizar en cuatro ciudades, incluyendo Toronto y Ottawa. El ministro de inmigración de Canadá, Jason Kenney, dijo que la prohibición tenía más que ver con acciones que con palabras.
Es cierto que Galloway había exhortado, en un viaje reciente a la Franja de Gaza, que las fuerzas armadas egipcias derrocaran al gobierno del presidente Hosni Mubarak. Pero lo que decidió a Kenney a negarle a Galloway el ingreso a Canadá fue el propósito que tenía el parlamentario de enviar un convoy con ayuda al liderazgo de Hamas. Según Kenney, Galloway había despachado ‘ayuda y recursos a… una organización terrorista ilegal’.
En el pasado, Galloway ha lanzado por su propia cuenta pedidos para que prohíban pisar tierra británica políticos extranjeros, como en el caso de Jean-Marie Le Pen, el líder del Frente Nacional, la derecha extremista de Francia. Y no estuvo visible en la protesta en febrero, cuando el gobierno británico deportó a Geert Wilders,un político holandés cuyo partido tiene nueve escaños en el parlamento.
Wilders ha hecho un cortometraje titulado ‘Fitna’ que está disponible gratis en Internet. En el filme aparecen escenas de violencia y crueldad intercaladas con algunas de las más pavorosas órdenes del Corán. Wilders compara el libro sagrado musulmán con ‘Mi lucha’, de Adolfo Hitler. También ha exhortado a que sea prohibido, una muestra del nuevo espíritu intolerante de estos tiempos. Cuando lo invitaron a difundir su film en una pequeña estación holandesa musulmana, Wilders no aceptó. Sin embargo, fue invitado por un lord inglés a exhibir ‘Fitna’ en la Cámara de los Lores. Dado que Wilders no tiene un prontuario como una persona violenta o que incita a la violencia, resulta difícil pensar que su presencia en Londres pudo ser en algún sentido un asunto policial.
La apresurada prohibición a Wilders, que fue obviamente adoptada por el gobierno de Gordon Brown como un gesto de apaciguamiento al muy activo sector musulmán fundamentalista de la política británica, hizo casi inevitable que la decisión del gobierno de invitar a Londres a algunos representantes de Jezbolá fuese cancelada.
El plan era conseguir algunos voceros civiles del ala libanesa del partido para que se reunieran con funcionarios y académicos a fin de discutir áreas posibles de intereses comunes. Eso estaba de acuerdo con la reciente decisión del gobierno británico de reanudar contactos con Jezbolá, bajo la hipótesis de que podía hacerse una distinción entre el ala parlamentaria y la militar.
Incluso si el lector piensa que eso se basa en una ingenua suposición, los británicos al menos están autorizados para intentarlo. Pero ahora descubren que una prohibición conduce a otra, por respeto a las apariencias y a la ‘ecuanimidad’. Por lo tanto, tras negar la hospitalidad a un holandés, se sienten obligados a negarse a sí mismos el placer de sentarse al lado de uno o dos libaneses.
Geert Wilders ya ha visitado los Estados Unidos, en donde habló ante el Comité Político de Acción Conservadora. Los funcionarios de Jezbolá y Hamas seguramente no visitarán Washington en alguna fecha próxima, en tanto a George Galloway se la ha permitido entrar y salir todas las veces que se le antoje. (Esto puede cambiar, dado el número de interrogantes causados por dos informes de peso sobre su participación en el abuso del programa ‘petróleo por comida’ de las Naciones Unidas, creado durante el gobierno de Saddam Hussein).
Hay actualmente una discusión sobre si es posible otorgar un trabajo o una visa a Tariq Ramadan. Se trata de un autor musulmán cuya supuesta ‘moderación’ es vista por algunos (incluyéndome a mí) como una cobertura para disculpar los asesinatos-suicidas, o el apedreamiento de mujeres. Hay dos asuntos separados en relación al caso de Ramadan: la primera se refiere a si se le debería dar un puesto en una universidad estadounidense, y la segunda sobre si se le debe permitir visitar Estados Unidos. El segundo problema parece bastante fácil de resolver.
Lo que está en juego en todos estos casos es no solamente el derecho de la gente involucrada en ellos a viajar y a llevar con ellos sus opiniones. Es también el derecho de las audiencias potenciales para adoptar su propia decisión sobre a quién desean escuchar. Como periodista, yo puedo ir a visitar a los voceros de Jezbolá e informar al regreso cómo fue la entrevista y qué dijeron, pero ¿por qué un lector tendría que aceptar mi palabra sobre eso? La Cámara de las Comunes británica tiene espacio para un hombre tan horrible como George Galloway; ¿por qué los canadienses no deberían tener la oportunidad de decidir qué piensan de él? Si Geert Wilders es lo bastante persuasivo para hacerse elegir en el parlamento en La Haya,¿hay alguna razón para creer que el pueblo británico está tan falto de robustez como para que necesite ser protegido de lo que tiene que decir?
La premisa fundamental de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos es que la libre expresión, en tanto protege a cualquiera, protege por consiguiente a todo el mundo. Esto debe aplicarse muy especialmente en los casos difíciles que puedan provocar un alzamiento de las cejas, como por ejemplo la célebre defensa de ACLU sobre el derecho de los nazis estadounidenses para realizar un acto en Skokie, Illinois, un lugar con fuerte presencia judía, a finales de la década del setenta.
Uno de los efectos de la ‘guerra contra el terrorismo’, y sus secuelas, a saber la fricción entre el mundo musulmán y Occidente, ha sido la creciente tendencia de hacer excepciones a los principios de la Primera Enmienda, ya sea con el pretexto de la seguridad o de evitar ofender a alguien.
Ya tendríamos que haber aprendido que, sea cual fuere la apariencia, estas son las mismas antiguas trasnochadas excusas para la censura. También deberíamos tener en cuenta que si se permite una excusa, entonces todas las otras también se convierten en ‘legítimas’. El riesgo de permitir todas las opiniones por todos los oradores puede parecer grande, pero es nada comparado con el riesgo de otorgar el poder de la censura a cualquier funcionario.