La polémica ley del cine catalán ha sido aprobada en el Parlament de Cataluña. Vitales fueron los votos del tripartito y del principal grupo de la oposición, CiU, con 117 votos a favor y 17 en contra.
El conseller de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, aseguró que la ley corregirá una «falta de democracia», guardando siempre un «respeto radical» a los intereses del sector que, en todo caso, «no pueden ir en contra del interés general».
Entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, se implantará de forma progresiva, y la paridad lingüística en las pantallas se conseguirá en 2018.
El conseller ha defendido que la cultura catalana es «homologable», por lo que debe tener una política cinematográfica «sólida». «La ley es posible, oportuna y, desde múltiples puntos de vista, necesaria», señaló.
Los objetivos de esta ley son tres: fortalecer la industria catalana cinematográfica, garantizar la diversidad lingüística, y mejorar y diversificar la oferta.
La ley contempla la creación de una red concertada de pantallas en las que se proyectarán filmografías que, «por las estrecheces» que experimenta el sector, se han visto relegadas a pocas pantallas o a ninguna.
CiU al final dió el sí
CiU, que se mostraba poco convencida de la ley, votó finalmente a favor convencidos de que será «buena para el país», según dijo en el pleno del Parlament el diputado Jordi Cuminal, a pesar de que el texto «podría ser mejor» si no se hubiese tramitado de urgencia ni el tripartito hubiese tenido «prisas» para aprobarlo.