El Gobierno ha aplazado hasta el próximo viernes 22 de marzo «por motivos de agenda» la llegada del anteproyecto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, un texto que comenzará su tramitación antes de que Estados Unidos anuncie su famosa «lista negra», prevista para finales de abril, donde aparecen los países con menos control respecto a la copia ilegal de contenidos y en la que España podría aparecer. Según ha manifestado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, durante una entrevista concedida a Europa Press, «lo fundamental es dar respuesta a todo aquello que ha quedado desactualizado en el tratamiento de la propiedad intelectual».
Esta será una «reforma parcial que tiene mucho calado» y que está «muy trabajada», explica el ministro, ya que «desde la aprobación de la ley vigente ha habido muchas novedades». Entre ellas, cita «la aprobación del propio decreto que suprimió el canon digital», «la necesidad de dar una nueva regulación a la copia privada» o la Ley Sinde.
«Fundamentalmente, los problemas son el comportamiento de distintos actores facilitadores de esas violaciones, como todo el mundo sabe, las páginas de enlace», ha señalado.
A pesar del esperado anuncio de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, las entidades de gestión manifestaron a Wert el pasado miércoles su descontento a través de una carta en la que pidieron la paralización del anteproyecto.
La misiva estaba firmada por los presidentes de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE); Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE); Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Derechos de Autor de Medios Audiovisuales Entidad de Gestión (DAMA); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).
En el texto se pidió al ministro de Educación, Cultura y Deporte que frenara la tramitación hasta que se formalizara el grupo de trabajo que, según indicaron, Wert prometió durante la última reunión que mantuvieron, celebrada el pasado mes de enero.
«Es imprescindible que la futura Ley recoja también los criterios y aspiraciones de los titulares de derechos», sostienen estas entidades, las cuales también consideran que este texto no respeta las recomendaciones del mediador europeo y no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección que, entienden, debe ser el objeto a perseguir por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Fuentes ministeriales explicaron que, de haberse abordado el anteproyecto el pasado viernes, no habría significado que no se fuera a tener en cuenta a las partes interesadas. El objetivo, añadieron, es que «participen las entidades de gestión», que exista «un debate más amplio y valoraciones» durante la tramitación del texto.