Quizás no haya dinero para educación o para sanidad en estos momentos, pero para los que no falta un euro es para los prejubilados de RTVE, que se fueron a casita tras haber cumplido al menos 52 años y con el 92% de sus más elevados salarios (sobre todo en comparación con otros trabajadores). Pagarles a ellos les ha costado ya a los españoles 911 millones de euros desde 2006, cifra que superará la barrera de los 1.000 millones en 2014, con los 130 millones que destinará el Estado a tal fin, ya sea vía presupuestos del ente público como a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
Por mucho que el desembolso en indemnizaciones sea cada año una menor lacra para el Estado, al reducirse el número de beneficiarios ya sea por culpa de haber alcanzado parte de los mismos ya la edad de jubilación o simplemente porque han fallecido, lo cierto es que la sangría no para por culpa de un ERE que afectaba a 4.190 personas y que fue considerado como ideal para éstas y escandaloso para el Estado, que no encontró otra fórmula para poder acometer la esperada reducción de plantilla de la casa.
Así, por ejemplo, en 2011 el desembolso llegó a los 171 millones de euros (la Administración Púlbica pagó 83 y la SEPI otros 88 millones), en 2012 la cifra se redujo a los 160 millones (73 + 87, respectivamente), y el año pasado salieron de las arcas del Estado casi 145 millones de euros, 73,9 directamente y 71 millones a través de la sociedad que preside Ramón Aguirre.
Por cierto que los fondos que la SEPI destina a esta causa se llevan a cabo a través de la compra de las acciones de la Corporación, de la que tiene ya el 71%. Esa será la fórmula hasta 2021, el año en el que está previsto que se ponga fin al tema de las prejubilaciones.
A pesar de este ERE, que supuestamente tenía como objetivo reducir la plantilla y acabar con los resultados negativos que cada año obtenía la Corporación, asumiendo una deuda de 7.850 millones de euros, no se ha logrado asegurar la viabilidad de la casa, a la que incluso ha afectado negativamente la reducción de casi 300 millones de euros que el Estado le ha destinado para este ejercicio. Eso sí, no será por el esfuerzo de la plantilla que ha quedado, que este miércoles tendrá que votar un nuevo convenio colectivo que contempla bajadas salariasles, pérdida de pluses y de derechos adquiridos con anterioridad como el comedor y las rutas de autobuses. .