En un escrito dirigido al juez Manuel García Castellón, los periodistas consideran que está «fuera de toda duda» que no llevaron a cabo ninguna intervención en el teléfono móvil de la asesora Dina Bousselham, robado en los meses previos a las negociaciones fallidas entre el PSOE y Podemos en 2016 para formar Gobierno.
«La información llegó a la revista sin que ésta ni ninguno de sus responsables o del grupo editorial tuviera absolutamente nada que ver con el supuesto robo del referido teléfono móvil ni, por tanto, con el inicial descubrimiento de la información», alegan los periodistas, para quienes, se reafirman, los datos llegaron «de forma anónima» a la redacción de la revista.
Resaltan en su defensa que Pozas decidió entregar la tarjeta del móvil a Iglesias, que lo reconoció al apreciar que no había «ninguna información especialmente relevante ni publicable», como validó la Fiscalía, que destacó que entre los medios de comunicación solo Interviú «habría respetado el derecho a la intimidad» de Bousselham.
En la declaración como investigado, el ex-comisario de la Policía expuso que Pozas, que dimitió como director general de Información de Moncloa tras verse implicado en los hechos, le entregó el «pendrive», un testimonio que provocó la imputación de los periodistas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
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