Anticorrupción, que les reclama una indemnización conjunta de 50 millones de euros, considera que los acusados participaron de forma organizada en «una operativa cuyo objetivo final era el fraude, el contrabando y el blanqueo de los beneficios» mediante la falsificación de facturas y documentos mercantiles.
Entre 2009 y 2014, todos ellos se concertaron para crear una estructura societaria ficticia a fin de aparentar «ser una red de importadores de mercancías de China», apunta el documento adelantado este martes por El País, que les atribuye además presuntos delitos de organización criminal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Para esta tarea, los acusados confeccionaron «documentación que amparase dichas operaciones, alterando el valor real de las mercancías importadas» de cara a «eludir sus obligaciones», tanto a nivel de derechos de aduana e impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la importación, como en los impuestos interiores.
La organización creó así una estructura empresarial alrededor de la sociedad Aduanas Senalar, controlada por un agente de aduanas, Julio S., que ofrecía la posibilidad de introducir en suelo europeo mercancía procedente de China, a través de los puertos de Valencia y Algeciras (Cádiz) y, posteriormente, Rotterdam (Países Bajos).
Dicha mercancía era entregada a los clientes reales que permanecían ocultos, de modo que no tributaban a la Hacienda española por esas operaciones a pesar de que facturaban «ficticiamente como destinatarios».
Según Anticorrupción, el dinero en efectivo que estos clientes pagaban a Aduanas Senalar «era trasladado físicamente a Portugal» y era «en todo momento controlado» por el administrador de la sociedad, para el que pide hasta 65 años de cárcel y 151 millones de multa como «organizador y director».
En concreto, le acusa de ofrecer a los comerciantes la introducción de dicha mercancía con beneficios en el pago de los aranceles aduaneros al declarar un importe inferior, presentando una factura que no refleja el precio real, a cambio de recibir un porcentaje fijo por contenedor.
En esta labor, Julio S. contaría con la colaboración de siete de sus empleados, también acusados «pues conocían toda la operativa», y de varios testaferros, que «a cambio de una comisión que rondaba entre el 2,5 y el 3 % de la facturación», accedieron a figurar como administradores de las sociedades ficticias de la trama.
El escrito identifica a los principales destinatarios finales de estas mercancías, algunos responsables «de una estructura dedicada a la importación fraudulenta a gran escala de productos originarios de China, particularmente para clientes del Polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada, y de otras localidades de Madrid».
También está Huang Q., actualmente huido de la Justicia española, al que sitúa en la importación de calzado a gran escala de China para clientes de la zona de Alicante y que habría pagado cerca de 5.000 euros al entramado por cada contenedor en destino.
En total, concluye la Fiscalía, Aduanas Senalar fue responsable de la introducción y entrega en España de un total de 2.558 contenedores y 255 conocimientos aéreos, en favor de estos clientes reales.
El escrito, que obra en poder del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, cifra en más de 52 millones el fraude de IVA y aranceles cometidos por esta sociedad, sólo entre 2011 y 2014.
Estrella Digital