La sala ha considerado al procesado autor de un delito continuado de daños en sistemas informáticos, mediante la adquisición y uso de otro programa, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
La resolución judicial obliga además al encausado a indemnizar con más de 20.000 euros al Instituto de Biología y Genética Molecular (CBGM) por el coste de la reparación de los ordenadores y por los daños causados por el tiempo que el ataque informático obligó a mantener cerrado el laboratorio.
La sentencia afirma que el procesado durante la sesión plenaria, efectuada el 27 de mayo pasado, reconoció haber comprado ese dispositivo «killer» para utilizarle en un acuario que tenía en su domicilio para criar gambas, con el objetivo de acabar con los parásitos. Como no tuvo éxito en su intento, lo devolvió el 8 de noviembre de 2017.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2017, cuando el procesado introdujo el «USB-killer» que adquirió por internet en los ordenadores del CBGM dejándolos inutilizados.
Según explica la sentencia, el «USB-killer» es un dispositivo de fácil porte, entre cuyas funciones se encuentra el probar puertos USB contra ataques de sobretensión.
Funciona conectándose al puerto USB de un ordenador, recolectando energía de las conexiones de alimentación hasta que alcanza alrededor de los 220 voltios, para posteriormente descargar rápidamente y varias veces por segundo la tensión almacenada sobre la placa base.
Teniendo presente que un puerto USB únicamente soporta alrededor de cinco voltios, y el «killer» necesita una energía que puede llegar a unos 220 voltios, la utilización alrededor de treinta segundos de este dispositivo produce una sobrecarga casi instantánea en el ordenador al que se acopla. Esa sobrecarga causa un daño que afecta inmediatamente a la placa base de cualquier dispositivo que contenga algún puerto USB, como un ordenador de sobremesa o un portátil.
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