El juicio, que se celebra desde finales de marzo en la sección décima de la Audiencia de Barcelona, ha quedado este viernes visto para sentencia después de que el Ministerio Público haya modificado sus conclusiones y haya rebajado de manera sustancial sus peticiones de pena, que inicialmente eran de 164 y 149 años.
La agresión sexual múltiple ocurrió el 22 de marzo de 2018 en una masía abandonada de Pineda de Mar, a la que no se podía acceder en vehículo y donde una decena de jóvenes condujeron a la fuerza a la menor, que entonces tenía 14 años, para violarla por turnos.
En su calificación provisional, la fiscal imputaba a los dos jóvenes once delitos de agresión sexual, pero finalmente los acusa de cinco agresiones, mantiene el delito de pornografía infantil -incluyendo la alternativa de revelación de secretos- y ha aplicado a uno de los presuntos violadores el atenuante de anomalía psíquica.
Los presuntos agresores grabaron la violación con sus teléfonos móviles, hicieron vídeos y fotos de lo ocurrido y, posteriormente, difundieron el material en las redes sociales, motivo por el cual la Fiscalía también exige para uno de los dos jóvenes la prohibición de utilizar Instagram durante diez años.
La menor tuvo que permanecer ingresada durante un mes y medio en el hospital tras la violación, que le produjo estrés postraumático debido a la grabación y difusión de los vídeos en Internet.
Durante el juicio, los psicólogos y forenses de la víctima han dicho que no miente, que el cuadro que presentaba es compatible con los hechos que presuntamente ocurrieron aquella noche y que era una persona «muy vulnerable».
Además, según la fiscal, cuando se produjo la violación la menor se encontraba «absolutamente desprotegida e imposibilitada para pedir auxilio», ya que la condujeron a una masía abandonada y apartada del núcleo urbano y, entre todos los agresores, le provocaron una situación de «temor, sometimiento y total indefensión».
«Lo que vemos en los vídeos es precisamente dejarse llevar porque, indudablemente, ante ese cúmulo de personas que se encuentran allí, difícilmente podía escapar de esa situación o temía que el mal pudiera ser mayor», ha recalcado hoy en su informe la fiscal.
Por estos hechos, el ministerio público también pide que los dos acusados indemnicen conjuntamente a la víctima con un millón de euros por el perjuicio moral que le causaron, así como por las secuelas producidas, teniendo en cuenta la «gravedad» de los hechos, que provocan una «gran repulsa social».
Estima para calcular la cifra la edad de la chica, los trastornos psíquicos que sufrió, la inestabilidad emocional y el episodio de autolesiones y fugas de domicilio que padeció debido a la violación.
En total, participaron más de diez violadores, pero por el momento sólo se ha podido identificar a los dos adultos acusados y a otros dos menores que han seguido un proceso paralelo.
La violación en grupo, en que ninguno de los agresores utilizó preservativo, finalizó cuando se escuchó la sirena de un coche de policía en la zona, ante lo que los jóvenes abandonaron el lugar y dejaron sola a la menor en la masía abandonada.
Estrella Digital