Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, los investigados, ciudadanos en su mayoría de países africanos, «cargaban contenedores marítimos con infinidad de artículos de segunda mano entre los que se encontraban vehículos a motor, piezas de vehículos, enseres domésticos y, en un gran porcentaje, aparatos eléctricos y electrónicos usados, para su posterior exportación y venta a terceros en determinados países de África».
El grupo conseguía esos aparatos electrónicos de personas que se deshacían de ellos por haberse quedado obsoletos en lugares como las entradas a los puntos limpios o los rastros.
Todos esos aparatos eran después cargados en contenedores marítimos, «apilados unos sobre otros sin protección o separación alguna para aprovechar al máximo el espacio».
Dada la cantidad de países implicados, se ha contado con el apoyo de Europol en el análisis operativo para hallar posibles relaciones con el resto de Estados miembros y terceros países.
Según la Guardia Civil, una ciudadana italiana de 62 años, responsable de un local comercial en Tenerife dedicado a la exportación de mercancías a África, era la encargada de preparar y remitir toda la documentación necesaria a una agencia de aduanas autorizada para el despacho de exportación con la Agencia Tributaria.
Los investigadores averiguaron que los preceptivos certificados de funcionamiento de los aparatos eléctricos requeridos para su exportación eran falsificados, obteniendo así un beneficio económico por cada operación.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comprobó que se trataba de una actividad continuada y que se venía produciendo desde hacía varios años, por lo que solicitaron una orden judicial para registrar la oficina de esa ciudadana italiana en El Fraile, en el municipio de Arona.
Con la documentación y los datos informáticos requisados en esa inspección, se descubrió que, durante los años 2018 y 2019, por parte de hasta 40 personas se realizaron 138 traslados ilegales de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a distintos países del continente africano, como Senegal, Ghana, Gambia, Togo, Benín, Guinea Conakry, Sierra Leona y, principalmente, Nigeria, utilizando varios tipos de certificados falsificados.
Estos últimos, asegura la Guardia Civil, «los confeccionaba directamente» la ciudadana italiana «como si estuviesen hechos por terceras personas dedicadas a la reparación de electrodomésticos».
El total de residuos peligrosos enviados de forma ilegal en este periodo de tiempo asciende, según la investigación, a casi 2.500 toneladas, de las que más de 750 corresponden a aparatos eléctricos y electrónicos.
Entre estos últimos, destacan los monitores y pantallas CRT, que suman más de 160 toneladas y las neveras, con más de 145 toneladas.
El Seprona recuerda que los aparatos eléctricos o electrónicos «contienen sustancias peligrosas que, aunque son necesarias para garantizar su funcionalidad, pueden emitirse al medio ambiente o ser perjudiciales para la salud humana si, una vez convertidos en residuos, los aparatos no se gestionan y tratan adecuadamente, ya que pueden contener cadmio, mercurio, plomo, arsénico, fósforo, aceites peligrosos, y gases que agotan la capa de ozono y que afectan al calentamiento global».
La Guardia Civil subraya que, con frecuencia, ese tipo de basura tecnológica termina «en países con poca o nula legislación sobre reciclaje o gestión de residuos», donde «en muchas ocasiones son tratados por niños, sin ningún tipo de protección y que incluso manipulan los aparatos con las manos desnudas para extraer principalmente aluminio y cobre».
«Los materiales se tratan en fogatas al aire libre, liberando polvo y humos contaminantes derivados de la quema, sobre todo de la combustión de PVC», añade.
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