Pozas, que dimitió como director general de Información de Moncloa tras verse implicado en los hechos, y Rendueles ya pidieron el sobreseimiento de esta pieza del caso Villarejo el pasado mes de abril, y ahora vuelven a hacerlo al no haber recibido respuesta.
«Absolutamente nada de lo practicado desde que mis defendidos prestaron declaración apunta, ni remotamente, a la existencia de responsabilidad penal alguna por su parte», indica la defensa de ambos periodistas en el escrito.
Menciona la defensa el viraje de la investigación hacia «la posible comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos que se atribuye a uno de los inicialmente perjudicados», y hace un repaso por todas las novedades que han ocurrido en el caso, entre ellas la revocación de la condición de perjudicado al líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
El escrito hace referencia a las contradicciones que, según reconoce tanto el juez instructor como la Fiscalía, existen en el relato de Dina Bousselham, y carga contra ella al considerar que no existe por su parte «una verdadera voluntad de averiguar lo realmente sucedido, lo que a su vez la deslegitima para sustentar la acción penal».
La defensa se hace eco de los anteriores argumentos con los que pidió el archivo: que no llevaron a cabo ninguna intervención en el móvil de Bousselham y que la información llegó a la revista de forma anónima.
Pozas y Rendueles están investigados en esta pieza del caso Villarejo, la número 10, por el presunto delito de revelación de secretos.
En su opinión, que Bousselham admitiese que hizo capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con dirigentes de Podemos y que las divulgó «hace inviable» demostrar que Villarejo distribuyera el material y «confirma» su versión de que le entregaron el pendrive con el «convencimiento» de que la información se facilitaba con «una estricta finalidad de investigación policial».
Y justo por esto, dice la defensa, se han archivado otras piezas respecto a otros investigados.
«Resulta incontrovertible que la tarjeta pasó de estar en perfectas condiciones a resultar ilegible mientras estuvo en manos de los supuestos perjudicados», señala la defensa, para quien dicha actuación «ha generado una dificultad añadida» y ha «obstaculizado» la investigación.
Añade asimismo que el mantenimiento de una causa tan «mediática y política» como esta respecto a sus patrocinados les causa «graves prejuicios», en especial a Pozas que dimitió de su cargo en La Moncloa y no ha podido «enderezar su situación laboral desde entonces».
Estrella Digital