El real decreto aprobado a finales de marzo por el Gobierno con medidas urgentes en el ámbito social y económico ante la COVID-19 estableció que, tras finalizar el estado de alarma, el Ministerio de Justicia tendría quince días para presentar el citado plan para hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad ante la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.
La primera fase del programa, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, se centrará en los juzgados mercantiles y de lo social que tengan una carga de trabajo superior al 130 % del módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.
Según el plan que ya ha presentado Justicia a las comunidades autónomas, los sindicatos y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados, habrá medidas de «autorrefuerzo», con la fijación de un programa de objetivos para los jueces y el personal de los juzgados que percibirán por ello una retribución extraordinaria. En principio la medida cubrirá 229 órganos de lo social (el 64 % del total) y 86 mercantiles (el 86 %).
Habrá además medidas de refuerzo externo, aportando personal nuevo a 57 juzgados de lo social (16 %) y a 66 mercantiles (66 %), y se pondrán también en marcha los nuevos órganos judiciales cuya creación estaba prevista antes del estado de alarma.
A partir de enero, cuando se cuente con datos más completos del impacto de la crisis, se definirá la extensión de las medidas en las distintas jurisdicciones.
La suspensión de los plazos procesales por la emergencia sanitaria se levantó el pasado 4 de junio y los juzgados, que se habían centrado en los servicios esenciales, reanudaron su actividad tras suspender decenas de miles de vistas, que deben ser absorbidas en las agendas de los próximos meses.
A ellas se añaden los nuevos asuntos que quedaron en espera en los despachos de abogados y el incremento de la litigiosidad derivado de la crisis sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma.
Se prevé, por ejemplo, un incremento de procesos por despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento.
Según las estimaciones avanzadas en el Congreso por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, se prevé que los concursos de acreedores aumentarán un 246 % este año y un 619 % en 2021.
Los asuntos ingresados en la jurisdicción social se incrementarán este año un 31 %, llegando hasta un 140 % en 2021, mientras que en el ámbito civil se espera un aumento de entre el 30 y el 145 % este año, y en la jurisdicción contencioso administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y el 125 %.
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