La madre y el abuelo del niño, Ithaisa y José Suárez, y el abogado que les representa desde hace un año, Marcos García Montes, han explicado en rueda de prensa que van a aportar en apoyo de su solicitud «argumentos más sólidos de prueba» que los que, a su juicio, han servido para que recientemente se retomen los casos de otros desaparecidos como Marta del Castillo (2009), el «Niño Pintor» (1987) y Madeleine McCann (2007).
En octubre de 2017, el Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana acordó sobreseer provisionalmente las investigaciones abiertas a raíz de la desaparición de Yéremi, al entender que no existían hasta ese momento «medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas», tampoco contra Ojeda.
La decisión fue confirmada meses después por la Audiencia de Las Palmas, en un auto que advertía de que proseguir en ese momento la causa sin «indicios sólidos» podría llegar a comprometer legalmente su continuidad en el futuro en el supuesto de que la Guardia Civil descubriera nuevas pistas de lo que le pasó al niño.
García Montes ha asegurado que, tras estudiar «epígrafe por epígrafe» lo que recoge el juez Juan Manuel Hermo Costoya en su auto de sobreseimiento, ha apreciado que esa resolución no guarda relación con lo investigado por la Guardia Civil, pues hace una interpretación «nihilista y subjetiva» que «no se compadece con el atestado policial».
Según el abogado, el juez interpreta de forma negativa para la Guardia Civil y la familia de Yeremi el contenido de la investigación que se llevó a cabo hasta esa fecha y, además, por su comportamiento en todo el procedimiento, debe de abstenerse, porque, de lo contrario, lo recusarán.
Ha destacado que el propio Rubio se coloca en el lugar donde fue visto Yéremi por última vez y que, en su versión, se refiere a un «niño azul, que es la única verdad que cuenta», a su juicio..
El letrado de la familia recalca que hasta ahora nadie ha prestado atención a este detalle «tan importante», pues Yéremi Vargas sufría cianosis desde que nació, como así consta en un informe del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta enfermedad hace que, en situaciones de estrés, las personas que la sufren se pongan de color azul, ha explicado el abogado, quien ha dicho que no cree que «haya muchos niños con cianosis».
García Montes también ha aludido como prueba sólida el testimonio del niño (a la fecha de los hechos) Pedro Iván, que fue «despreciado y malinterpretado por el instructor», cuando asegura que ese día vio un coche blanco con una pegatina con una palmera -como el que tenía El Rubio-, que entró «marcha atrás y despacio» en la calle que estaba junto al solar donde se perdió de vista a Yéremi.
El abogado ha argumentado también en contra del juez Hermo Costoya que fue sancionado de forma «testimonial» por el Consejo General del Poder Judicial por una falta de consideración con la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigó el caso, porque llegó a decir que «habían falseado la investigación y manipulado» porque «querían cargar el muerto al Rubio».
El tratamiento a los testigos es otra de las cuestiones por las que el juez se debe abstener, ha apuntado el abogado, pues, según ha relatado la madre de Yéremi, les «increpaba» y mantenía una actitud «agresiva» hacia ellos, les hacía «dudar» y quería que rectificaran en sus declaraciones.
Antonio Ojeda salió el pasado mes de marzo de la cárcel del Salto del Negro, en Gran Canaria, donde cumplía una condena de cinco años de cárcel por agredir sexualmente a un menor en 2012 en El Doctoral, barrio colindante con Vecindario.
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